Melilla acoge en la actualidad a 193 menores migrantes no acompañados, una cifra que casi multiplica por siete el número que le correspondería en función de su población, estimado en 28. Así lo reflejan los datos trasladados por el Gobierno a las comunidades y ciudades autónomas en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este miércoles bajo la presidencia del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez.
La Comisión, en la que se expusieron los datos actualizados del número de menores acogidos por cada territorio, ha evidenciado que quince comunidades autónomas (todas excepto Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) acogen menos menores migrantes de los que les correspondería conforme al nuevo criterio establecido: una ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes.
Este indicador es clave para determinar la llamada “capacidad ordinaria” del sistema nacional de acogida, y con él se pretende identificar cuándo un territorio puede solicitar al Ejecutivo la declaración de contingencia migratoria, lo que permitiría iniciar derivaciones desde las zonas más saturadas.
Entre las comunidades que más lejos están de cumplir con la cuota proporcional destacan Andalucía, que acoge 1.372 menores menos de lo que le correspondería; la Comunidad Valenciana, con 1.216 menos; y Galicia, con un déficit de 620. En el extremo opuesto, Canarias alberga a 5.566 menores, cuando según su población debería tener 718, lo que supone una diferencia de 4.848. Ceuta acoge a 526 frente a los 27 asignados y Baleares a 622, muy por encima de los 396 que le corresponderían.
Melilla se encuentra en una situación similar a la de Ceuta: con una cifra real (193 menores) muy por encima de su capacidad teórica (28). Esta situación sitúa a ambas ciudades en condiciones de solicitar formalmente la declaración de contingencia migratoria y activar el proceso de derivaciones a otras comunidades.
Durante la reunión, Rubén Pérez señaló que el debate fue "tranquilo", aunque reconoció que el consenso que busca el Gobierno para repartir de manera equilibrada la atención a estos menores “no se constata”, especialmente entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular, algunas de las cuales —como Madrid, Aragón, Extremadura y Cantabria— han recurrido el mecanismo ante el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo del PSOE mantiene su intención de comenzar este verano con los traslados de unos 4.400 menores desde Canarias y Ceuta, aunque aún no se han fijado los cupos que corresponderán a cada comunidad, ya que además de la población se tendrán en cuenta otros criterios.
En la Comisión también se abordó la tragedia ocurrida en El Hierro esta mismo miércoles, en la que cuatro mujeres y tres niñas de entre cuatro y 16 años fallecieron, y un bebé desapareció, al volcar un cayuco con alrededor de 160 personas a bordo. “Mientras nosotros estamos en este eterno debate, las cosas siguen pasando”, lamentó el secretario de Estado.
A pesar de la falta de acuerdo entre territorios, Rubén Pérez insistió en que el real decreto ley que regula estas transferencias seguirá vigente y operando. El Gobierno confía en que la ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes es “perfectamente asumible” para las administraciones autonómicas, tanto desde el punto de vista presupuestario como en materia de políticas públicas.
