La jueza de Badajoz que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz ha acordado enviarlo a juicio por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias tras rechazar su recurso contra su procesamiento. Beatriz Biedma dictó el pasado 28 de abril un auto de procesamiento contra él y a otras diez personas, entre las que está el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. Ahora declara la apertura de juicio oral para todos ellos.
El auto de la jueza llega después de que Gallardo haya iniciado los primeros trámites para entrar en la Asamblea de Extremadura, con lo que adquirirá la condición de aforado y su caso deberá ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El auto dictado con fecha de este jueves, 22 de mayo, va acompañado de otros en los que rechaza los recursos presentados por los acusados contra el procesamiento, si bien les queda la vía de los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial.
"Habiéndose resuelto los recursos de reforma interpuestos contra el mismo, la admisión de los recursos de apelación no tiene efecto suspensivo del procedimiento", aclara la jueza, por lo que "no procede el sobreseimiento de la causa" y da por "reproducidos los argumentos ampliamente expresados en el auto de procedimiento abreviado".
La jueza también aborda en el auto "la procedencia de la apertura del juicio oral solo a instancias de la acusación popular", unificada en Manos Limpias. "Existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo que determina que en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio Fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, dicha apertura de juicio oral", señala.
En base a estos argumentos acuerda la apertura del juicio oral y declara "órgano competente para conocer y juzgar esta causa el Juzgado de lo Penal de Badajoz que por turno de reparto legal corresponda", como había pedido la acusación popular.
De forma paralela, en una providencia se requiere a la acusación popular que corrija esa petición, "dado que el órgano competente es la Audiencia Provincial de Badajoz", y no el Juzgado de lo Penal, según ha informado el TSJEx. Contra este último auto no cabe interponer recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de la persona acusada.
El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo "conocimiento previo" de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había "creado para él", se presentó a la convocatoria "e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo". La jueza considera que la creación del puesto fue "a petición, seguramente, de persona o personas" del entorno de David Sánchez que "conocían la necesidad" de este, quien "en ese momento carecía de trabajo estable".
Además, la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo y las entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como "objetivo" de que fuera ocupado por David Sánchez. La jueza también procesa a Luis María Carrero, quien fuera empleado del Ministerio de Presidencia.
Según la jueza, Carrero habría utilizado la influencia derivada de "su amistad íntima" con Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz. La acusación popular pide tres años de prisión tanto para David Sánchez como para Gallardo.
