El Gobierno central ha convocado para el próximo 28 de abril una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas con el objetivo de establecer los criterios del reparto de menores migrantes no acompañados. Así lo ha anunciado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras su intervención este jueves en el Congreso de los Diputados, donde se debatía el real decreto que sustenta la reubicación de estos menores.
Esta medida forma parte de una iniciativa legislativa impulsada por el Ejecutivo para redistribuir de forma más equitativa a los menores extranjeros no acompañados (MENAs) que llegan de forma irregular a las fronteras del país, especialmente a territorios como Melilla, Ceuta y Canarias, donde la presión migratoria ha provocado episodios de hacinamiento en los centros de acogida.
Durante su intervención, Rego advirtió que el Gobierno todavía no dispone de todos los datos necesarios por parte de las comunidades autónomas, pese a haberlos solicitado en reiteradas ocasiones. La ministra apuntó directamente a algunas autonomías gobernadas por el Partido Popular, que, según sus palabras, no han facilitado información clave sobre las plazas disponibles en sus territorios.
“Ha habido comunidades del Partido Popular que no nos han facilitado los datos de las plazas de acogida”, lamentó Rego, quien calificó esta situación de “sorprendente”. Además, recordó que la colaboración entre administraciones no debería depender de la existencia de un decreto, ya que existe una obligación legal y moral de cooperación institucional, especialmente en materia de protección de la infancia.
A pesar de esta falta de información completa, Rego confirmó que el Ejecutivo llevará una propuesta de criterios de reparto a la reunión del 28 de abril, construida en base a los datos actualmente disponibles. Su objetivo es que el proceso de traslado de menores a otras comunidades autónomas comience a partir del verano, aunque este dependerá también de la habilitación de nuevas plazas de acogida en los territorios que participen.l
La medida ha generado tensión en el ámbito político. El Partido Popular ya ha anunciado que votará en contra del real decreto, aunque desde el Gobierno se ha instado a sus diputados a que actúen con responsabilidad. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, subrayó que no todos los representantes populares parecen estar alineados con la decisión. “Observé la bancada del PP y no estaban todos aplaudiendo”, comentó Torres, en referencia a los diputados elegidos por Ceuta, Melilla y Canarias, a quienes pidió “votar en conciencia”.
Por otro lado, este jueves vencía el plazo marcado por el Tribunal Supremo para que el Ejecutivo central respondiera a su requerimiento en relación a 1.000 menores solicitantes de asilo que permanecen en Canarias en condiciones de hacinamiento. Torres afirmó que el Gobierno ha asumido la orden judicial y trabaja con las autoridades canarias para garantizar su cumplimiento. Asimismo, destacó que ya se ha convalidado un real decreto ley que permite aliviar la saturación en los centros de acogida, medida que dio origen a las medidas cautelares impuestas por el Supremo.
Impacto en Melilla
En Melilla, este debate no ha pasado desapercibido. El Partido Popular local ha expresado abiertamente su rechazo al reparto de menores, y ha exigido a la Delegación del Gobierno que se ponga “del lado de los melillenses”. La formación considera que el Ejecutivo central pretende imponer una carga adicional a la ciudad, que ya soporta una elevada presión migratoria.
De hecho, según una información publicada recientemente por El Faro de Melilla, el coste por cada menor tutelado en Melilla ronda los 60.000 euros anuales, una cifra que refleja el alto impacto económico que supone esta atención para las arcas públicas de la ciudad autónoma.
La reunión del 28 de abril será, por tanto, clave para determinar el grado de compromiso de las comunidades autónomas con un sistema más solidario de acogida, en un contexto donde los menores no acompañados siguen representando uno de los retos humanitarios más complejos del sistema migratorio español.
