El Defensor del Pueblo ha instado formalmente al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a tomar medidas urgentes que permitan resolver los retrasos acumulados en las valoraciones del grado de discapacidad en Ceuta y Melilla. Así lo refleja el informe anual del organismo correspondiente a 2024, que advierte de una “clara vulneración de derechos fundamentales” como consecuencia de la demora prolongada en la tramitación de estos procedimientos esenciales.
La advertencia llega después de que ciudadanos, asociaciones de personas con discapacidad y entidades del Tercer Sector hayan elevado quejas reiteradas ante la inacción institucional, alertando de los efectos devastadores que el bloqueo administrativo está teniendo sobre cientos de personas en ambas ciudades autónomas. En muchos casos, estos retrasos están impidiendo que quienes necesitan apoyo puedan acceder a ayudas económicas, recursos sociales, prestaciones por dependencia o adaptaciones laborales.
Tal y como señala el informe recogido por Servimedia, el problema radica fundamentalmente en la escasez de personal médico valorador, imprescindible para constituir los equipos técnicos que deben evaluar cada expediente. Esta falta de médicos ha provocado la suspensión de las actividades de valoración, con el consiguiente colapso del sistema. El Defensor advierte que la situación se prolonga desde hace meses y exige al Imserso “una actuación inmediata y efectiva”.
En el caso de Melilla, la situación es especialmente crítica. Según publicó El Faro de Melilla, desde hace meses no se están gestionando nuevas solicitudes para el reconocimiento o revisión del grado de discapacidad debido a que no hay médicos disponibles para realizar las valoraciones. Esta falta de personal impide incluso que los expedientes iniciados puedan resolverse, lo que está generando una acumulación significativa de casos sin respuesta.
“La carencia de profesionales disponibles impide que se conformen los equipos de valoración necesarios para resolver los procedimientos”, reconoce el propio Imserso en su comunicación al Defensor del Pueblo, según recoge el informe. A pesar de reconocer el problema, el organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales no ha ofrecido todavía un calendario concreto de solución ni ha planteado medidas inmediatas para paliar el bloqueo.
El Defensor ha formulado varias recomendaciones al Imserso, entre ellas la posibilidad de realizar contrataciones temporales o establecer colaboraciones con otras administraciones que puedan aportar personal médico cualificado. También propone revisar el modelo actual de gestión para hacerlo más flexible y prevenir que situaciones como ésta se repitan en el futuro.
Además del perjuicio administrativo, el informe alerta sobre las graves consecuencias sociales que están teniendo estos retrasos. Muchas personas no pueden acreditar oficialmente su grado de discapacidad y, por tanto, quedan fuera de los circuitos de ayuda y protección social previstos por la ley. Se trata de una situación que, según el Defensor, vulnera los principios de igualdad y no discriminación, especialmente preocupante en territorios como Ceuta y Melilla, donde las estructuras administrativas son más limitadas.
“La garantía de los derechos no puede depender del lugar de residencia”, señala el Defensor en su informe, subrayando que los ciudadanos de Ceuta y Melilla deben recibir el mismo trato que el resto del territorio nacional. La institución considera inadmisible que la falta de medios humanos esté provocando una exclusión de facto del sistema de protección de la discapacidad.
Mientras tanto, las personas afectadas continúan en una situación de espera indefinida, sin fecha concreta para que sus expedientes puedan ser evaluados. Asociaciones del sector han denunciado también que esta parálisis compromete la autonomía personal de muchos ciudadanos y supone una barrera añadida para la inclusión social y laboral.
El Defensor del Pueblo ha solicitado al Imserso una respuesta formal sobre las medidas que se van a adoptar, así como un compromiso firme para dotar de recursos suficientes a las direcciones territoriales de Ceuta y Melilla. Hasta ahora, las respuestas del organismo han sido, según el informe, “insuficientes”.
La petición del Defensor pone el foco sobre una situación que afecta a derechos básicos y evidencia la necesidad de reforzar los servicios públicos en los territorios periféricos. En Ceuta y Melilla, la valoración del grado de discapacidad no es solo un trámite: es la puerta de acceso a una vida digna y con garantías.
