La formación política Coalición por Melilla (CpM) ha preguntado en pleno de control al Gobierno de la Ciudad Autónoma acerca del modelo económico que ha planificado para Melilla.
En su respuesta, el consejero de Economía, Miguel Marín, se mostró partidario de que Melilla sea una Región Ultraperiférica de la Unión Europea, aunque al mismo tiempo dijo estar abierto a explorar la opción de la Zona Económica Especial (ZEE).
"No es necesario inclinarse por una, ambas son perfectamente compatibles. De hecho, sería lo ideal. Desde el Gobierno, vamos a seguir impulsando estos ejes estratégicos".
El portavoz de CpM, Emilio Guerra, ha cuestionado que el Ejecutivo local parece inclinarse más hacia un modelo de Región Ultraperiférica en lugar de que Melilla sea una ZEE.
Para la formación, es importante que el Gobierno defina su posición para poder trazar así, unas líneas de actuación pertinentes. Guerra lamentó que la economía local no funciona y consideró que la ZEE sería el mejor escenario para la ciudad. Además, apeló a tratar esta cuestión "con inmediatez", mediante una serie de estímulos fiscales, comerciales y administrativos o a través del debate de una reforma en el Estatuto de Autonomía o incluso mediante la conversión de Melilla en comunidad autónoma.
Para Marín, el hecho de que Melilla sea una Región Ultraperiférica, supondría no sólo reforzar la identidad de la UE en la ciudad, sino una serie de ventajas fiscales y sociales que mejorarían la calidad de vida de los melillenses.
Sin embargo, el consejero denunció la "poca implicación" del Gobierno central con Melilla en estos últimos años. Una implicación que consideró necesaria, toda vez que es el que tiene las herramientas para impulsar el modelo económico en el que trabaja la Administración local. Un abandono del Ejecutivo de España que Marín desgranó citando ejemplos como la obligación de servicio público en las rutas aéreas de Málaga y Madrid, de la construcción de viviendas y de grandes inversiones o el retraso para volver al régimen anterior de bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social.
Suministros básicos
El diputado, Rachid Bussian ha preguntado acerca de cuándo estará garantizado un suministro de agua durante las 24 horas del día en Melilla. El cepemista acusó al consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, de "echar balones fuera" y cargó contra el Gobierno, recordando que este ha tenido varias legislaturas para garantizar dicho suministro.
"Cuando estaban en la oposición, dijeron que solucionarían el problema del agua en 3 meses, sin contar con la utopía del señor Quevedo, quien prometió que tendríamos agua mineral".
Bussian criticó la tardanza del Ejecutivo en ponerse en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y recordó que la gestión de la planta desaladora compete en la actualidad al Gobierno local. También lamentó que los cortes de agua nocturnos se produzcan en pleno mes sagrado de Ramadán. "Hablan del suministro como si disponer de agua corriente fuera un lujo", dijo.
Por su parte, el consejero acusó a CpM de "artistas de la manipulación y la incertidumbre". Ventura recordó que la titularidad de las instalaciones críticas de la ciudad, como el caso de la desaladora, pertenecen al Gobierno central, teniendo el Ejecutivo local el mantenimiento y la explotación. Por ello, recalcó que es el Gobierno de España el que debe solucionar las deficiencias presentes en estas instalaciones.
Unas deficiencias que, si bien se recogieron en el Acta de Entrega, denunció que aún no se han solucionado.
Tirando de hemeroteca, Ventura recordó como el consejero de medio Ambiente del anterior Gobierno, Hassan Mohatar, prometió que los cortes se solucionarían en 2 meses.
Respecto a los cortes de agua actuales, el consejero ensalzó la labor de los funcionarios a la hora de mantener el suministro y achacó dichos cortes a averías.
Por su parte, Emilio Guerra, ha preguntado al Gobierno si existe algún plan de contingencia para garantizar el servicio de gas butano en Melilla. Guerra hizo hincapié en la importancia de este suministro básico, el cual depende de la logística marítima. Además, alertó de posibles cambios en el suministro desde la península tras la venta de la filial de Cepsa, Gasib, a la chilena Abastible.
También ha pedido implicación en la mejora del reparto, la recepción de los pedidos y en el pago de los mismos, haciéndose eco de varias quejas vecinales al respecto.
Por ello, llamó a seguir los pasos de la ciudad hermana de Ceuta y sentarse con la empresa y los trabajadores para solventar los problemas y garantizar la tranquilidad de los usuarios.
En su respuesta, Ventura insistió en que la Ciudad Autónoma no tiene las competencias en esta materia, haciendo referencia a la Ley 34/1998 del 7 de octubre del sector de hidrocarburos. Asimismo, recordó que el anterior Gobierno local no hizo nada para mejorar el suministro de butano y conminó a CpM a trasladar esta pregunta a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, como representante del Ejecutivo central en Melilla.
El consejero anunció que el área de Medio Ambiente se ha reunido con la empresa para mediar en diferentes aspectos, poniendo el ejemplo de una campaña de vigilancia en el reparto de butano, puesta en marcha la semana pasada en colaboración con Seguridad Ciudadana. Respecto a los trabajadores, el consejero destacó que estos no han pedido reunirse con Medio Ambiente ni han transmitido ninguna queja.
Despotismo ilustrado
CpM también ha preguntado por la iluminación de Ramadán en el barrio del Rastro. La diputada Cecilia González ha calificado a la consejera de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor, Fadela Mohatar, como una representante del "despotismo ilustrado".
González denunció que la consejera haya provocado el malestar entre los comerciantes de la zona con la instalación del túnel de luces en García Cabrelles. Un túnel dijo, diseñado por Rachid Bussian para que se planteó para el centro durante las festividades religiosas de todas las comunidades.
González recordó que fue el anterior Gobierno local el que llevó a cabo las obras después de "20 años de promesas incumplidas del PP". Además, llamó a que se lleven a cabo más proyectos de dinamización en este barrio. "Menos luces y más clientes", dijo.
La diputada cepemista criticó lo que considera, es una política de Festejos llena de "desidia y continuismo" y apeló a que cuentes con las fuerzas sociales de los barrios. "Por repetir, repiten hasta los errores", subrayó.
Por su parte, Fadela Mohatar mostró su sorpresa a que CpM utilizase a los comerciantes de García Cabrelles, tras unas "obras viciadas desde un principio" que según dijo, causaron un castigo inmisericorde en la zona.
La consejera recordó que la iluminación no se circunscribe exclusivamente a García Cabrelles. Además, enumeró las actividades por el mes sagrado de Ramadán que se están llevando a cabo por toda Melilla.
Mohatar aprovechó para ensalzar el barrio del Rastro y recordó los proyectos que desde la Ciudad se han planteado para hacer de este barrio, "una zona principal de Melilla".
Nóminas planes de empleo
El diputado Rachid Bussian ha preguntado si el pago de las nóminas extraordinarias de los trabajadores de los planes de empleo de la Ciudad de 2023 y 2024 se está haciendo de manera correcta. Bussian ha denunciado que previo al abono de dichas nóminas por la diferencia salarial, algunos trabajadores están sufriendo una quita de parte del dinero para descontar deudas contraídas con la Ciudad Autónoma. El cepemista ha cuestionado la legalidad de esta actuación y ha alertado que no se está abonando a los trabajadores de los planes del 2023.
Bussian criticó que el Gobierno saque pecho por el abono de estas nóminas cuando según recordó, "estas se pagan porque hay una sentencia judicial". Además, criticó el abono de las nóminas "mal y tarde" y llamó a una revisión de los planes de empleo para evitar esta problemática.
En respuesta, la consejera de Administración Pública, Marta Fernández de Castro, aseguró que dichos descuentos se estaban realizando conforme a la legalidad. La consejera recordó que la demanda de los planes de empleo era una impugnación del convenio colectivo, no así de reclamación de cantidad y manifestó que la Ciudad estaba en su derecho de recurrir la sentencia. No obstante, aseveró que fueron varias las áreas del Gobierno local las que se pusieron a trabajar para hacer una equiparación conforme a las cantidades que se debían abonar.
Fernández de Castro afirmó que ya se ha abonado en su totalidad las nóminas a los 432 trabajadores de los planes de empleo de 2024, un importe bruto de casi 2,2 millones de euros. Respecto al pago de las diferencias en los planes anteriores, estas se abonarán "por otras vías" toda vez que según recordó la consejera, la Ciudad no puede pagar demandas que se retrotraen al año 2015.
Medida histórica
Respecto a los enfermeros escolares, estos se incorporarán en su puesto de trabajo la próxima semana, tal y como respondió el consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández Bonnemaison.
En su pregunta, Cecilia González felicitó al Gobierno por la aplicación de esta medida tan positiva, especialmente en los centros de difícil desempeño.
"Los niños también necesitan un bienestar integral en un entorno educativo seguro y saludable".
Sin embargo, la diputada criticó la tardanza de esta medida, hablando de falta de diligencia en la Consejería, así como la precariedad que según dijo, se está ofreciendo al colectivo de enfermeros, con un contrato de 20 horas semanales. Unas condiciones "desventajosas" que habrían rechazado, según González, hasta 40 profesionales.
Por este motivo, llamaron a que este programa ofrezca una menor precariedad a los enfermeros escolares y se inicie desde el principio del curso escolar.
El consejero, por su parte, recordó que con esta medida "histórica" se cumple una promesa del PP que compensa una competencia del Ministerio de Educación.
Fernández negó la precariedad, alegando que se trata de los mismos contratos que tienen los técnicos de educación infantil. Respecto a la tardanza en su aplicación, lamentó que el proceso ha sido largo y ha enfrentado varias trabas del Ministerio y pasos de la Administración necesarios.
En definitiva, el consejero felicitó a todos los melillenses por este programa que, según dijo, también ayudará a formar a alumnos y docentes en hábitos de vida saludables.
Contrato de seguridad privada
CpM ha preguntado al Gobierno sobre si habrá contrato de seguridad privada en esta legislatura. Emilio Guerra ha recordado que desde la formación se ha avisado en múltiples ocasiones de que los nuevos pliegos no se ajustaban a la legislación vigente.
"Según sus declaraciones, esta medida se ha tomado mediante consenso, pero algo falla. Desconocemos las razones de imponer unos pliegos con calzador".
En respuesta, el consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, se ha mostrado optimista en que pronto haya un nuevo contrato. De hecho, anunció que ya se han presentado varias ofertas.
Ronda negó que no se hayan tenido en cuenta a los agentes sociales y a los trabajadores. Además, recalcó que se han recogido las recomendaciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales relativas a la formación y a la seguridad de los trabajadores.
En respuesta también a los delegados de seguridad privada de la Unión Sindical de Trabajadores de Melilla (USTM), el consejero ha manifestado que las tareas que se adjudican a los vigilantes aparecen recogidas en la Ley de Seguridad Privada.
"No metemos el pliego con calzador, no podemos hacer cosas que estén fuera de la Ley".
Tanatorio Provisional
En la última pregunta de CpM, Cecilia González se ha interesado por la nueva ubicación del tanatorio provisional y sobre por qué no se concretó antes del inicio de los trabajos en el Tanatorio Municipal.
La diputada ha lamentado las condiciones "inhumanas" en las que muchas familias melillenses han velado a sus difuntos estos meses. González acusó al Gobierno de no haber previsto la problemática de estas obras con suficiente antelación.
El consejero de Medio Ambiente cargó contra la "desfachatez" de CpM, toda vez que según recordó, estos trabajos fueron planificados por fases por esta formación. "Un proyecto mal planificado de CpM", subrayó.
Además, denunció que tanto la directora provincial, Elena Fernández Treviño, como la delegada del Gobierno; negaron el uso de la nueva ubicación durante 40 días, jugando así con el dolor de los ciudadanos para hacer política, según sentenció Daniel Ventura.
