El Partido Popular ha dejado claro que para apoyar la reforma de la Ley de Extranjería será necesario que ese texto recoja hasta seis puntos que considera fundamentales para poder sacar adelante una normativa que verdaderamente aborde el problema de los menores migrantes y su llegada a España. La diputada por Melilla, Sofía Acedo, ha dejado claro que el PSOE les está pidiendo a los populares "una especie de cheque en blanco" que en modo alguno aceptarán.
"Nos piden una especie de cheque en blanco porque la propuesta de la modificación del famoso artículo 35 de la ley lo único que dice es que el Gobierno pueda imponer y hacer obligatoria la solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas", señala la diputada popular.
De hecho, la parlamentaria melillense manifestó que la propuesta socialista "no establece en esa modificación ningún mecanismo para que la solidaridad sea efectiva" a la hora de repartir a esos menores migrantes por todo el país. "Tampoco incorpora esa reforma de qué se hará cargo el Gobierno sino tan solo plantea una imposición", explicó.
Para Acedo, algo de la importancia de las migraciones "no valen los brindis al sol", motivo por el que los populares plantean seis puntos que consideran esenciales para que esa reforma sea efectiva y pueda salir adelante en el Parlamento. Ello, sin contar con que, en opinión de los dirigentes del PP, la cuestión debe ser abordada primeramente en la Conferencia de Presidentes, que sigue sin ser convocada.
El primero de los puntos que el PP considera que debe recogerse en esa reforma es que se declare "la emergencia migratoria nacional" para que las comunidades puedan contratar nuevos recursos para atender sus sistemas de protección de menores migrantes.
Asimismo, se establece la necesidad de plantear un "plan de política migratoria" con un mayor control de fronteras marítimas y terrestres, el establecimiento del pasaporte en tránsito y la revisión de acuerdos con terceros países para que la entrada ilegal en España "debe de ser la tónica habitual". En este apartado se propone también que se ejecuten los expedientes de expulsión, actualmente en un 5% de los que se dictan.
Los populares quieren que se impulsen los mecanismos europeos para que la solidaridad en cuanto a los menores migrantes sea entre todos los países y no solo en España. Igualmente hablan de la obligación de cifrar la edad de esos jóvenes al considerar una "gran temeridad" que no se acredite de manera fehaciente la edad.
En cuarto lugar, el PP solicita el reconocimiento y la financiación de los menores que ya han sido acogidos. "El Gobnierno tiene que financiar todo lo extra que pretende imponer". Como punto número cinco, expone la necesidad de que todo lo que exceda del 150% de las capacidades de cada territorio sea asumido por el propio Gobierno con gestión directa.
Y, finalmente, se establece que existan garantías en la modificación de la ley para que todas las comunidades entren en el reparto de esos menores migrantes para impedir que zonas como Cataluña queden fuera de la distribución, como ha sucedido últimamente. "Eso es absolutamente inaceptable", manifestó Acedo.
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