Las actuaciones en la mezquita siguen paralizadas debido a la oposición de algunos comerciantes allí instalados.
La mezquita del Buen Acuerdo sigue generando polémica en la medida en que las obras de emergencia que deberían haberse realizado hace algunos meses siguen estancadas sin que por el momento haya un atisbo de solución.
En cualquier caso, fuentes consultadas por El Faro afirman que dichas obras no estaban pensadas para la rehabilitación integral del edificio sino más bien para crear las condiciones de seguridad adecuadas que debe tener cualquier inmueble de uso público, como por ejemplo salidas de emergencia así como otras actuaciones de ésta índole.
A estas acciones se juntan igualmente las necesarias para evitar cualquier tipo de incidencia debido al mal estado de conservación del edificio en el interior, aunque parece ser que se acometieron algunas reformas en su día. Pese a ello, los técnicos encargados de realizar el informe correspondiente para justificar la intervención, consideraron el riesgo existente para las personas que ahí se congregan a la hora de los rezos para estimar la urgencia de las mismas.
Así, la inexistencia de salidas de emergencia en el inmueble fue uno de los defectos que encontraron los técnicos y que hicieron ver a Fomento la necesidad de acometer obras de urgencia en el edificio, pues cualquier derrumbe podría causar una situación de cierta gravedad entre los usuarios de la mezquita.
Al margen de los pormenores técnicos, el problema de la intervención radica en que ésta tuvo que ser paralizada debido a la oposición de algunas personas que mantienen negocios en los bajos del edificio y que habrían acometido obras en sus locales sin la preceptiva autorización de Fomento, circunstancia que complica aún más las cosas.
Según fuentes consultadas por El Faro, se estarían dando incluso situaciones de ausencia de contratos de alquiler en algunos de esos locales.
Ante esta situación, los técnicos entendieron que sólo era posible poner en marcha una acción sustitutoria, es decir, que la Ciudad Autónoma se ocupara de las obras de emergencia y reclamara más tarde a los propietarios el dinero invertido en las actuaciones. Pese a ello, una vez adjudicado el proyecto fue imposible el comienzo de la intervención ante la oposición de algunas personas, entre ellas aquellas que mantienen negocios en los bajos del edificio.
Enfrentamiento político
Por último, la situación se complicó aún más desde el momento en que se supo que la mezquita era propiedad del Ministerio de Asuntos Religiosos de Marruecos, lo que llevó a algunos partidos políticos a exigir al Gobierno local que paralizará esta actuación y exigiera a Marruecos que fuera él el encargado de sufragar el coste de la actuación.
Por su parte, desde la Comisión Islámica (CIM) se acusó al Ejecutivo de querer dar directamente el dinero de la obra a la junta de gobierno de la mezquita, una forma de dividir a los musulmanes de Melilla, circunstancia desmentida en su momento d esde el Gobierno local.
