La Justicia siempre se representa como una mujer con los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. Eso quiere decir que no mira a las personas sino a los hechos, que se mueve por principios de equilibrio y equidad y que dispone de fuerza para imponer sus decisiones. Así es como se interpreta esa figura desde hace cientos de años.
Sin embargo, hay personas que no creen en esos atributos que se le presuponen a los jueces como responsables de impartir Justicia. Recientemente ha habido un caso palmario en Melilla con un comunicado de un partido político, CpM, que no tuvo el menor reparo en hablar de “racismo” en la decisión de encarcelar provisionalmente a cuatro exconsejeros del anterior Gobierno y al líder del partido, Mustafa Aberchán, porque la juez, entre otros argumentos, aludió a la “doble nacionalidad” de estas personas y la posibilidad de que huyeran a Marruecos.
El juez decano de Melilla, Fernando Germán Portillo, ha defendido que la Justicia no se mueve por cuestiones políticas, ni de raza, ni de religiones, ni de ideologías sino por la investigación de unos hechos que pueden resultar delictivos. De este modo venía a defender la labor de su compañera del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad, que elaboró los autos por los que entraron en prisión esos representantes políticos. Portillo reconoce que “va en el sueldo de los jueces” que se critiquen sus decisiones pero dijo claramente que no se puede hacer es insultar a la magistrada.
Portillo recordó que existen los recursos contra las resoluciones judiciales y que la crítica siempre ha de estar argumentada convenientemente. Hablar de racismo, en su opinión, es una “pataleta” que dice mucho de quien trata de justificar los hechos con cuestiones que son absolutamente ajenas a la investigación y a la buena administración de la Justicia.
No le falta razón al magistrado. No se debe intentar retorcer la realidad, como pretenden los cepemistas, sacando de contexto lo que, en definitiva, no es más que una investigación judicial, la existencia de unos indicios de delitos –por cierto, muy graves todos ellos- y la obligación del partido político de dar explicaciones a la ciudadanía de lo que pasó cuando sus diputados formaban parte del Gobierno y gestionaron los recursos públicos.
Decir que “hay tufo a racismo” hasta en el nombre de la operación policial, tratar de separar a la sociedad melillense entre verdugos y unas víctimas por el simple hecho de ser amazighen, es algo muy normal en CpM pero que en absoluto se corresponde con la realidad de la ciudad. Aludir a que son incómodos para el sistema y apropiarse de las personas más vulnerables para presentarse como adalides en la eliminación de barreras socioeconómicas no fue más que un brindis al sol. Tuvieron responsabilidades de Gobierno y la situación de esos ciudadanos no cambió para mejor. Es la mejor demostración de que el discurso de que “somos los que luchamos contra la pobreza” se queda en palabras y en el papel, que todo lo aguanta.
