La naviera Armas está pasando malos momentos económicos en los últimos tiempos y ha llegado a una situación tan límite, que ha decidido ponerse en manos de la consultora estadounidense FTI para tratar de enderezar su rumbo, después de que la SEPI se negara a concederle más financiación. Es una de las soluciones que se le plantea a la empresa para poder salir a flote después del duro golpe que sufrió por la pandemia y las restricciones de movimientos.
Según ha publicado el diario Expansión, la consultora va a asumir la gestión financiera de la compañía y estudiará diferentes vías para restructurar la tesorería en plena crisis inflacionista.
Armas ha sufrido de un modo muy contundente los problemas de la pandemia. El fallecimiento del presidente de la compañía, Antonio Armas, y la marcha de su director, Fernando Val, tampoco han contribuido a la normalización de la situación financiera.
Además, Acciona, propietaria de Trasmediterránea, sociedad que compró Arma hace unos años, le está reclamando el pago de 50 millones de euros relacionados con aquella operación.
La agencia Moody’s también realizó en su momento una primera intentona para sacar a la compañía del atolladero pero no salió adelante. El motivo pudo ser la posible falta de información para realizar un seguimiento.
El caso es que la consultora americana pretende refinanciar nuevamente el pasivo de la empresa con el objetivo de reforzar su estructura financiera y que sea sostenible en los próximos años. Sin embargo, los datos no apuntan a nada bueno en ese sentido.
De hecho, existía una opción y es que Grimaldi se hiciera con Trasmediterránea para cubrir con esta compañía toda la zona de Alborán y el Estrecho y seguir como Armas en Canarias pero, al final, la operación se ha caído por completo. Algunas fuentes aseguran que hay ciertas empresas interesadas por operar en la zona sur de España pero la situación económica de Armas las espanta.
Armas-Trasmediterránea es la naviera que cubre las travesías entre Melilla y los puertos de Málaga y Almería. Anteriormente, además, fue la concesionaria de la Operación de Servicio Público (OSP) durante largo tiempo con sucesivos contratos mantenidos con el Ministerio de Transportes.
