La 'Guía básica para acceder al bono social eléctrico y térmico', presentada por UGT en el día de ayer y que podrá ser consultada en su página web, recoge un análisis de situación, propuestas y conclusiones, y detalla dos herramientas muy importantes, y a la vez desconocidas para la mayoría de los consumidores y posibles beneficiarios, que contribuyen a paliar los efectos de la pobreza energética: el bono social eléctrico y térmico.
Con el fin de implementar los ODS de la Agenda 2030 y reclamar la reforma del modelo energético, asegurar el suministro de energía, fijar precios asequibles y competitivos, defender la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras y reforzar el escudo social.
"Nos enfrentamos a un invierno difícil e incierto en cuanto al precio de la energía y la garantía del suministro de la misma. La crisis energética continúa, está teniendo efectos económicos, sociales, y medioambientales, y afecta en mayor medida a determinados sectores, empresas, trabajadores y consumidores", explica el sindicato.
Ante esta situación, UGT considera que hay que actuar urgentemente y fomentar la participación temprana de los sindicatos a través del diálogo social y de la negociación colectiva para anticipar y gestionar cualquier consecuencia negativa que pudiera derivarse de esta crisis.
Por ello, el sindicato reclama la necesidad de defender la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras, firmando cuanto antes el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con el fin de asegurar subidas salariales justas, con cláusulas de revisión salarial que garanticen su poder de compra; gravar los beneficios extraordinarios obtenidos tanto por las empresas energéticas como por otras empresas no energéticas que han aprovechado su posición dominante en el mercado para aumentar considerablemente sus precios y su margen de beneficio, con el pretexto de la inflación; y utilizar los ingresos obtenidos para financiar las medidas específicas destinadas a los más afectados.
Además, es imprescindible acometer otras medidas, como un nuevo modelo energético basado en la transición justa, reformar el mercado de fijación del precio de la electricidad para alcanzar precios asequibles y competitivos, reforzar los derechos de los consumidores en los contratos de energía, proteger especialmente a los consumidores más vulnerables y con rentas más bajas, y luchar intensamente contra la pobreza energética para atenuar el impacto social negativo de esta crisis en los más vulnerables.
