El Defensor del Pueblo supervisó un operativo de repatriación con destino a Melilla para la entrega de 11 personas a las autoridades marroquíes, según reveló esa entidad en el informe anual correspondiente a 2020, elaborado bajo su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes (MNP).
Según se dio a conocer, el 9 de marzo de 2020, un técnico y un administrativo de ese órgano inspeccionaron el embarque de los ciudadanos procedentes de Marruecos en el aeropuerto de Madrid. Como parte de sus trabajos, examinaron las condiciones del avión, la documentación vinculada al proceso de devolución, así como el procedimiento llevado a cabo durante el viaje. En aquel momento realizaron dos entrevistas.
Entre las conclusiones de dicho examen destaca que no se notificó a los repatriados que tenían la posibilidad de poner una reclamación o una queja, ni tampoco se les dio instrucciones acerca de las líneas generales a seguir por el dispositivo.
No constó tampoco la información que debió proporcionarse a los extranjeros, con medio día de antelación, sobre la notificación del momento en que se iban a llevar a cabo sus expulsiones del territorio español.
Asimismo, en el viaje no se encontraron las fichas-custodia de los repatriados, ni se señalaron todos los datos requeridos para un escrutinio conforme de la cadena de custodia
Se conoció que en el dispositivo no participó ningún médico, diplomado en enfermería ni traductor, mientras que en todos los casos no se hallaron documentos médicos “fit to travel” que refrendaran la no existencia de dificultades para viajar.
Por otro lado, refirieron que en las dependencias policiales de la sala donde esperaban las personas antes de su repatriación, existían cuatro cámaras de vigilancia, pero no tenían los respectivos carteles que anunciaran que el personal se hallaba en una zona controlada por vídeo.
Pese a ello, aseguraron que todo el proceso se desarrolló sin incidentes de importancia y se trató de forma correcta a las personas involucradas.
Además, quienes estuvieron a cargo facilitaron todo lo que necesitaron los inspectores del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
En el informe anual presentado este martes por Ángel Gabilondo ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, trascendió que de manera general se efectuaron 115 tareas de supervisión durante 2020 (66 fueron visitas presenciales y 49 se produjeron a partir de actuaciones sin contacto).
Tres de las mencionadas actividades estuvieron centradas en operativos de repatriación a ciudadanos foráneos, mediante los cuales se dio seguimiento al traslado de 283 extranjeros hacia sus naciones de origen.
