La consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, ha informado este lunes de que han recibido la comunicación del Tribunal de Cuentas sobre el archivo de una denuncia que llevó el PP respecto al montaje e instalación del laboratorio covid.
Almansouri explicó que los populares llevaron una denuncia a dicho tribunal indicando que había “una responsabilidad contable” por la contratación de emergencia de la creación el laboratorio covid.
Sin embargo, la consejera subrayó que el Tribunal de Cuentas “no ha apreciado ninguna responsabilidad contable y se ha archivado”.
Es más, dijo que “de hecho, en este momento, por parte de la Ciudad Autónoma, desde el área de Salud Pública se encuentra en fase de valorar el coste del laboratorio, como ya se ha anunciado en varias ocasiones”.
La consejera de Hacienda comentó que los contratos de emergencia tienen una estimación del valor del suministro y luego, el precio que se establece en este contrato es máximo y no quiere decir que sea el coste total que se vaya a abonar.
Remarcó que se ha archivado esta denuncia al Tribunal de Cuentas que “no ha encontrado ningún tipo de responsabilidad en esta consejera”.
Laboratorio covid
En cuanto al funcionamiento del laboratorio, Almanosouri dijo que es una competencia de Salud Pública y que el contrato que sacó esta área para licitar el servicio de este centro es otra cuestión diferente que no tiene que ver con la denuncia del PP que había presentado en el Tribunal de Cuentas.
La consejera de Hacienda dijo que el secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, denunció en dicho tribunal la instalación y el montaje del laboratorio y no la prestación del servicio.
Y en cuanto a esto último, la titular de Hacienda matizó que el Tribunal de Cuentas no tiene otra denuncia por el servicio del laboratorio covid que se licitó, sino que está dirimiendo una cuestión de competencias. Pero sí que indicó que se sigue a la espera de una respuesta a las alegaciones que hizo Salud Pública que sí cree que tiene competencias para licitar un contrato de este tipo.
Los presupuestos
Por otro lado, la consejera indicó que este mismo lunes finaliza el periodo de alegaciones al Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla que se encuentra en exposición pública.
Almansouri dijo que cuando termine el día, la Consejería de Distritos comunicará si ha habido aportaciones o alegaciones a las cuentas, si no lo hay, se aprobará de forma definitiva. Y en caso contrario, si hay reclamaciones, habrá que tramitarlas, llevarlas a comisión y al pleno de nuevo para su aprobación definitiva.
La plusvalía, pendiente de actualizar el programa informático
La consejera también comentó que se ha ampliado el cobro del impuesto que se conoce como plusvalía. Indicó que no es que no se tenga que pagar por parte del ciudadano que haya obtenido beneficios en la venta de un inmueble o terreno, sino que se hará más adelante por un tema informático.
Explicó que se están adaptando las aplicaciones informáticas de la ciudad a los nuevos tipos de impuestos y cuando se tengan adaptadas, el expediente irá a comisión y a pleno porque hay que reformar la norma tras los cambios realizados a nivel estatal sobre este impuesto.
El acuerdo en el Pleno
El Pleno ha aprobado por unanimidad el único punto del día y era la adenda al convenio que hay rubricado entre la Ciudad y la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de suministro de información para finalidades no tributarias.
La consejera de Hacienda explicó que se trata de un asunto de trámite y este acuerdo no es otra cosa que la Ciudad pueda acceder a información de contribuyentes por parte de las dos administraciones, por ejemplo, para tramitar ayudas del Estado.
Otras cuestiones
En el pleno también se notificaron varias comunicaciones a la Asamblea. La primera de ellas hacía referencia al informe de deudas que se dan de baja por un importe de 1.854.130 euros.
Almansouri indicó que se trata de deudas que no se han podido cobrar por diferentes motivos o causa, como personas que han fallecido, personas ilocalizables, entre otras. Si pasan los cuatro años de haber notificado esa deuda y no se ha obtenido respuesta, pues se anulan.
La consejera de Hacienda remarcó que esta cuestión se lleva a cabo todos los años y se trata de un expediente de carácter ordinario que se hace a inicios de año. Indicó que se revisan los recibos que no se han podido cobrar, se marcan como incobrables y se anulan. “Para no tener todos los años arrastrando unos derechos reconocidos que son reales”, añadió.
Otra de las notificaciones fue un informe de Intervención sobre facturas que estaban sin tramitar desde hace más de tres meses.
Almansouri también indicó que se trata de un trámite administrativo. Comentó antes no se hacía, pero sí desde que está en la cartera de Hacienda. “No es más que aquellas facturas que lleven más de tres meses en el registro de facturas sin que se hayan tramitado ni reconocidas por la Administración, se anulan para dar opción a los proveedores a reclamarlas o tramitarlas lo que consideren oportuno para cobrarlas”, añadió.
Insistió en son trámites ordinarios estas dos comunicaciones realizadas en el pleno.
La estrategia de los bulos no cuela en los tribunales.