El juzgado de primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha sobreseído de forma definitiva el conocido como ‘caso Salander’. Fue hace más de dos años, en concreto, el 20 de febrero de 2018 cuando se indicó en un auto el sobreseimiento provisional, pero este martes ya pasa a ser firme.
En la documentación a la que ha tenido acceso El Faro, se indican que en todo este tiempo ha habido apelaciones para intentar que prosperara esta denuncia a la que se acusaba a una serie de personas de delito de descubrimiento y revelación de secretos. En el auto se indica que queda claro que se creó un perfil en redes sociales para criticar y “desmerecer” a personajes públicos, pero no estima que se prueben esos delitos. Aunque añade que se podría ver la vía de delitos contra las personas como la calumnia o la injuria.
Los antecedentes
Fue en febrero de 2018 cuando El Faro publicó que la Fiscalía de Melilla llegó a la conclusión de que ninguna de las nueve personas investigadas en la ‘operación Montecristo’, como se conoce oficialmente al ‘caso Salander’, incurrieron en delitos de descubrimiento y revelación de secretos para dar lugar a publicaciones realizadas en las redes sociales bajo el pseudónimo de Lisbeth Salander. “Estamos ante una causa que es eminentemente política”, resumió el representante del Ministerio Público en su informe de diligencias previas. En el mismo, el fiscal solicitó al titular Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones de la causa.
No obstante, el representante de la Fiscalía indicó que, a su parecer, el perfil de Lisbeth Salander sí que efectuó publicaciones que podrían ser perseguidas por presuntos delitos de calumnias o injurias. Sin embargo, apuntó que estas conductas no son investigables de oficio por no tratarse de delitos públicos o semipúblicos.
Resoluciones judiciales
El fiscal expuso en su informe que la Guardia Civil encontró resoluciones judiciales relativas a la ‘operación Ópera’ en los dispositivos de los investigados Nieves V., Isabel S.M. o Félix P., de las que se hizo eco el perfil de Salander. Pese a ello, aclaró que el hallazgo es posterior al levantamiento del secreto de las actuaciones.
Según describió, solo se da un caso en el que la causa estaba declarada secreta por el Juzgado de Instrucción, pero se da la circunstancia de que el auto ya se había notificado íntegramente a los destinatarios, por lo que podrían haberla filtrado al perfil falso. Por este motivo, el fiscal no entiende que a los investigados se les pueda imputar delitos de descubrimiento o revelación de secretos.
Respecto al investigado Sergio J., al que la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) acusaba de valerse de su condición de funcionario del Cuerpo de la Policía Nacional para acceder a los atestados de personas de la Ciudad Autónoma, el fiscal señaló que no existen “elementos que permitan llegar a la conclusión de que utilizara dichos datos para causar un perjuicio a terceros”. Asimismo, manifestó que no existen pruebas que acrediten que esta persona hubiera difundido la información consultada a terceros o que la hubiese hecho llegar al perfil de Salander a través de su mujer, María Luisa P.
Según el resumen del fiscal, el inicio de las actividades del perfil de Salander "coinciden con numerosos ataques en las redes sociales a la empresa Eulen, a Bienestar Social y sus responsables”, manifestó. Tras el “éxito mediático” del perfil y el aumento de seguidores en Facebook, el extinto partido Populares en Libertad (PPL) aprovechó el “enorme tirón” para alistar a personas que son muy activas en el perfil y hacer “política de desgaste” contra el PP.
El fiscal concluyó también que en mayo de 2014 se producen “desavenencias entre PPL y miembros que utilizan el perfil para exponer sus ideas”, motivo por el que el pseudónimo de Salander terminó arremetiendo también contra la formación ya extinguida.
Velázquez
El Ministerio Público tampoco encontró indicios de un delito de descubrimiento y revelación de secretos en el correo electrónico que Paz Velázquez, la que era en 2018 consejera de Presidencia y Salud Pública, mandó el 9 de mayo de 2014 a su padre y ex presidente del desaparecido partido Populares en Libertad (PPL), Ignacio Velázquez. El mismo, bajo el epígrafe “Asunto: Silvetti”, contenía documentación de carácter administrativa relativa a la abogada que en esa fecha era personal eventual y cargo de confianza del jefe del Gobierno local, Juan José Imbroda.
Según expuso el fiscal en el documento que remitió al Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, la investigación policial concluyó que esta información habría sido facilitada por Paz a Ignacio Velázquez para que éste la filtrase al perfil falso de Lisbeth Salander. No obstante, el representante de la Fiscalía consideró que la divulgación de este correo no afectaría a la privacidad o a la intimidad de la abogada que trabajaba eventualmente con el que fue presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda.
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