El sindicato CGT ha denunciado que “el Ministerio de Educación impide al alumnado sordo en Melilla acceder al contenido educativo y a la interacción dentro del aula”.
A través de un comunicado, explicaron que con el curso iniciado hace dos meses aún no han sido contratadas las interpretes de Lengua de signos que han obtenido plaza en el proceso selectivo realizado el pasado 2 de septiembre.
“Melilla también es discriminada en el derecho a la educación de personas vulnerables y vuelve a ser el patito feo”, aseguran. Añaden que “no hay excusas válidas que puedan justificar que esta ciudad autónoma, sea el único lugar del estado español donde las personas con sordera no tengan igualdad de oportunidades a la hora de afrontar el año académico, algo que desde el equipo de Gobierno de la ciudad se está ignorando”.
Así pues, desde CGT Melilla y CGT Andalucía quieren denunciar la situación que las intérpretes de lengua de signos en el ámbito educativo y el alumnado sordo, están padeciendo, impropia de un estado miembro de la Comunidad Europea. Por ello nos vamos a dirigir por escrito al Ministerio de Educación exigiendo una solución inmediata para este colectivo de trabajadoras y para la comunidad educativa con discapacidad auditiva.
Igualmente, CGT denuncia el procedimiento establecido por el Ministerio para renovar una bolsa de empleo de carácter rotativo anual durante el curso escolar, teniendo que repetir el proceso selectivo, que aparte de no contar con un tribunal especializado (ausencia de personas sordas, profesionales o docentes de la lengua de signos española…) es además de carácter excluyente: la superación o no del proceso, que sólo consiste en una prueba práctica, no te posiciona dentro de una lista, sino que automáticamente te deja fuera de ella, procedimiento que se lleva repitiendo desde hace más de diez años y que conlleva el establecimiento de contratos que se presumen en fraude de ley que fomentan la precariedad e inestabilidad laboral.
Aseguran que prácticamente a las puertas de la finalización del primer trimestre, las intérpretes LSE aún no han sido convocadas para comenzar a trabajar en los centros educativos, “hecho que las sitúa, en un momento de crisis como la que estamos viviendo, en un contexto de precariedad laboral injusta, además de dejar al alumnado sordo de la ciudad autónoma desprovistos de su derecho a contar con un intérprete dentro del aula, que les haga posible el acceso a una educación inclusiva de calidad como refleja la Ley 27/2007 y que impida la barrera comunicativa a la que vienen siendo sometidos desde el inicio del curso”.
Además, en el comunicado explican que “a la precariedad laboral de las intérpretes de lengua de signos se une la desidia administrativa, creando una situación insostenible tanto para las trabajadoras como para los usuarios”
