Dice que “pretende configurar como un derecho algo que es malo para la mujer”. La senadora por Melilla y portavoz de Igualdad en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular, María del Carmen Dueñas reiteró ayer, que la Ley que promueve el aborto libre hasta las 14 semanas, y que entró en vigor ayer, “se ha llevado adelante por este desgobierno socialista en contra de la mayoría de los españoles”.
La reforma de la Ley del Aborto no se contempló en el programa electoral del PSOE ni siquiera en las líneas de Gobierno de Zapatero”, aclaró la senadora del PP, quien además aseguró que “los socialistas faltaron a la verdad a los electores. Ésta es su política, la política de la ocultación”.
También recordó que la nueva Ley del Aborto “nació sin respaldo social, se fraguó de espaldas a la mayoría de los españoles que se manifestaron en contra de la misma y dio la espalda, con nocturnidad y alevosía, al pronunciamiento del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado; pero nada de esto importó al PSOE, todo con tal de dividir a la sociedad española”.
Europa
La senadora melillense quiso resaltar que la Ley del Aborto, es la ley “más radical de toda Europa”, ya que instaura el aborto libre y gratuito hasta las 14 semanas y deja la puerta abierta a abortar pasado ese plazo. “Esta Ley del gobierno socialista solo es similar a la que han puesto en marcha los modelos de los países del Este de Europa, donde el aborto se considera un método anticonceptivo”, comentó.
En palabras de Dueñas, “la nueva Ley “promueve el aborto libre y pretende configurar como un derecho algo que es malo para la mujer”, a la vez que subrayó que ésta permite, además, el aborto de las menores de 18 años y mayores 16 años “en determinados supuestos faltos de garantías, sin el conocimiento de sus padres o tutores”.
Por ello, desde su punto de vista, “esto es manifiestamente inconstitucional y vulnera y vacía de contenido el principio de potestad de los padres”, remarcó la senadora popular.
Por último, Dueñas confía y entiende necesario, “en aras a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales inherentes a cualquier ser humano, que el Tribunal Constitucional acuerde la suspensión de la Ley solicitada, habida cuenta que las consecuencias de su aplicación van a provocar efectos y consecuencias ciertamente irreparables para la madre y claramente para el no nacido”.
