El secretario de Organización, Hassan Mohatar, reclamó el informe jurídico de Seguridad Ciudadana sobre este asunto.
El secretario de Organización de CpM, Hassan Mohatar, informó ayer de la respuesta dada por el Ejecutivo melillense a la solicitud de su formación política con respecto al informe jurídico del caso de “las multas ilegales”. Según explicó, la vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Rivas, contestó inicialmente que la oposición podría tener acceso a este informe “en el caso de que existiera”, a lo que Mohatar apostilló “o sea, que ni siquiera sabe si existe”.
Por ello, le remitieron el mismo escrito a la Consejería de Seguridad Ciudadana donde finalmente han contestado a la formación cepemista “que no existe ningún informe”. “¿A qué Consejería vamos entonces? ¿A esto lo llaman transparencia?”, preguntó el dirigente cepemista más teniendo en cuenta que esta solicitud la realizó el Grupo Cepemista el pasado mes de mayo y en junio lo remitieron a la Consejería de la que es responsable Ramón Antón.
Un informe que no existe
Así pues, dos meses después de solicitar esta información al Gobierno local la respuesta no ha sido satisfactoria para los cepemistas pues “el Ejecutivo de la Ciudad admitió que sí existía dicho informe jurídico”, dijo, en referencia a una de las sesiones plenarias en la Asamblea donde esta cuestión fue el contenido de una de las preguntas planteadas por la oposición ante el Gobierno local y que también fue objeto de polémica y cruce de declaraciones entre unos y otros ante los medios de comunicación locales.
En este sentido, el secretario de Organización de los cepemistas reiteró que la intención de la oposición es saber si este informe coincide con lo reflejado en la resolución judicial sobre este asunto que declara que estas multas eran ilegales. De coincidir, “el Gobierno de la Ciudad está obligado a devolver el dinero de las multas a los melillenses puesto que se cobraron ilegalmente”.
Así, criticó la forma de actuar del Ejecutivo liderado por Imbroda en relación al caso de las “multas ilegales” así como de las contradicciones al respecto por parte del Ejecutido de Imbroda, pues “primero el Gobierno reconoce que existe un informe jurídico del que ahora no tienen constancia en la Consejería de Seguridad Ciudadana, ¿entonces dónde? ¿Qué manera de actuar es esta?”, finalizó.
Mohatar pide nueva información económica al Ejecutivo local
El secretario de Organización de Coalición por Melilla (CpM), Hassan Mohatar, anunció ayer que su formación política pedirá explicaciones al Gobierno local sobre el gasto que éste hace en los servicios jurídicos. Una cifra que no debería extrañar, en principio, pues el Gabinete Jurídico de la Ciudad cuenta con tres abogados, funcionarios, y el presidente de la Ciudad tiene derecho a tener un asesor, tal y como señaló. No obstante, Mohatar dijo tener fundadas sospechas de que todo proceso jurídico que el Gobierno local y, en concreto, su presidente Juan José Imbroda, emprende “se encarga siempre a un mismo abogado”, quien estaría percibiendo cerca de 110.000 euros anuales por sus servicios.
Máxime teniendo en cuenta que, según los cálculos de la formación cepemista, el Ejecutivo melillense gasta en torno a 600.000 euros en los servicios jurídicos. “Estos servicios deben ser pagados por quien los solicita y no ser una barra libre para ir en contra de la oposición”, añadió el cepemista. Así las cosas, la solicitud de Coalición por Melilla irá encaminada a que el Gobierno local determine la cantidad económica que gasta en los Servicios Jurídicos tanto los de la Ciudad Autónoma como los que se contratan externamente para comprobar que éstos coinciden con los cálculos y estimaciones que la formación cepemista tiene en su mano. “Los melillenses tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero, un dinero público”, argumentó Mohatar para finalizar.
