La consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, declaró que prorrogar el contrato de la empresa que gestiona el centro de menores de la Purísima sería “cometer una ilegalidad” porque las condiciones actuales en las que se encuentra el lugar “son totalmente distintas” a las que se firmaron en la licitación y que existe “doctrina del Tribunal Supremo que desaconseja la prórroga en estas circustancias”.
Almansouri contó que esta era una situación que han “heredado” y que cuando han querido cambiar de rumbo, “se han encontrado de frente con el Partido Popular”. También, la consejera quiso recalcar que la prórroga es “una posibilidad y nunca un obligación”.
Hay dos circunstancias que desaconsejan esta prórroga: por un lado las objetivas y legales, como las plazas del centro, pues en el contrato se indica que son 350 menores los que caben en el centro y hay unos 850 y que solo se puede ampliar el número un 10%, según contó Almansouri, y que “el contrato no se puede modificar para incluir nuevas funciones” al ser del sector público, por lo que habría que redactar un nuevo contrato. La consejera contó que ahora se encuentran “en un nuevo escenario” después de que el Gobierno central indicara que acogerá a los menores, lo que modificaría la situación actual. El otro motivo son las circunstancias en las que se encuentran los menores, pues según comprobó Almansouri en una visita que hizo “de noche y por sorpresa” en noviembre, los menores duermen hacinados en las habitaciones “con la ropa puesta, sin pijama, sin productos de aseo suficientes”, argumentos que la consejera apoyó con unas imágenes, que ella misma tomó con su teléfono, en la que se pueden ver como decenas de menores duermen en la misma habitación, incluso con colchones debajo y al lado en el suelo de las literas. “Esta es la situación del centro, que el Partido Popular pretende que prorrogue. Yo creo que estas imágenes son bastante esclarecedoras de las condiciones del centro y de por qué esta consejera piensa que firmar este contrato es ilegal”, declaró Almasouri.
Tras el escenario de no prorrogar, Almansouri contó que “existe una fórmula legal que se llama ‘un acuerdo de continuidad del servicio”, pues el actual contrato está sometido a una ley que protege al menor y cuya finalidad es “la gestión de un servicio público de obligado cumplimiento”. Si la empresa se negara a llevar a cabo dicho contrato, esta estaría realizando “un abandono del servicio” y eso “conllevaría penalizaciones y exigencia de indemnizaciones por parte de la Administración. La consejera declaró que a los trabajadores no les ocurriría “nada” y que “seguirían trabajando porque serían subrogados por la nueva empresa” que fuera a prestar el servicio.
Dada la situación, Almansouri relató que su objetivo es “iniciar los trámites para la elaboración de un nuevo pliego acorde a las necesidades reales y a la situación que he descrito”, por un lado el rescate de las competencias del Gobierno central y por otro, adecuar las instalaciones, pues ya se están buscando instalaciones, según explicó la consejera, para dar una atención “digna y adecuada a los menores”. Tras enviar un escrito a la Fiscalía de Melilla de por qué se negaban a firmar el contrato, Almansouri declaró que están a la espera de una respuesta para seguir adelante con la decisión de negarse a firmar la prórroga. “La intención es no firmar a menos que haya un imperativo legal que me obligue a hacerlo”, manifestó Almansouri.
El consejero de Distritos, Juventud, Participación, Ciudadanía, Familia y Menor, Mohamed Ahmed Al-lal, declaró que tras llegar el nuevo Gobierno a la Consejería, se indagó en distintos informes que describían la situación del Centro de Menores la Purísima. Ahmed aseguró que en último informe emitido desde la Dirección General del Menor se habla de “situación catastrófica”, algo que este calificó de “preocupante”. El consejero contó que enviaron dicho informe a la Fiscalía en el día de ayer. “No queremos que sea una decisión unilateral por parte nuestra, sino también que tanto la Fiscalía como los organismo que tienen que ver sean conscientes de la situación”.
El consejero hizo referencia a otro informe que emitió la propia empresa y que según él, esta reconocía la imposibilidad de cumplir con el contrato dada la falta de medios y a que no se podían negar a atender a ningún menor.
Por otro lado, Ahmed quiso incidir en que cuando se convocó la comisión de Hacienda era para informar sobre la situación a los diputados, “no para votar”. “Nosotros, con la intención de evitar una catástrofe segura, tomamos la decisión de frenar esa prórroga hasta no solucionar el contexto presente que se nos da y que tenemos que adaptar todo el pliego y la contratación a la nueva situación”, declaró el consejero.
Por ello, Almansouri contó que se está trabajando en un nuevo pliego y se buscan nuevas instalaciones.
Seguirá ampliación...
Nadie se preguntaba porque los niños preferían dormir en la calle, nadie ha revisado y auditado el contrato y las enormes cantidades gastadas en niños... ! Extras! y a cambio de que? El Sr. fiscal de Melilla una vez más, mira para otro lado, como en tantos otros casos que en Melilla vulneran la Ley, no es su función únicamente esperar la denuncia sentado, también está la de hacerlo de oficio.
LAS IMAGENES DE HACINAMIENTO DE ESOS MENORES HABLAN POR SI MISMO.. UNA VERDADERA VERGUENZA POR PARTE DE LOS RESPONSABLES
Lo siento por los trabajadores, pero ellos nunca han levantado la voz por las malas condiciones de los niños, han sido complices de todo esto, lo han tapado, se han vendido. Son los trabajadores los que hace años tendrían que haber luchado por el bienestar de los niños, su situación, haber denunciado a la fiscalía. Poco a poco se verá que todo el maltrato que los niños han denunciado era real.