La Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (AMLEGA) y Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) recuerdan, tanto a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, como a la Consejería de Educación, que, según la legislación actual, los centros educativos de todo el territorio estatal, y los de Melilla en particular, tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. Sin embargo, en la actualidad, muchos territorios no tienen implementado este tipo de formación como deberían.
En este sentido, las entidades LGTBI recuerdan que la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, establecen la obligatoriedad de que se adopte medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en valores.
Así, declaran que Dirección Provincial del MEFP y la Consejería de Educación tienen, por tanto, la obligación de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por LGTBIfobia. Y es que, según explican, solicitar el consentimiento de las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado, tal y como defiende la ultraderecha, contraviene el interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico español.
Por este motivo, las entidades representantes de personas LGTBI solicitan tanto al Ministerio, como a la Consejería de Educación que, recuerden a través de un documento escrito a sus centros educativos la necesidad y la obligatoriedad de implantar este tipo de formación en sus aulas y de ofrecerla a la totalidad del alumnado. Además, a través de la campaña “Tienen derecho a saber”, invitan a la ciudadanía a que se sume a esta iniciativa y envíe sus propias cartas con esta demanda a las Administraciones públicas.
