Afirma que “la salida de la actual situación económica exige salir primero de la crisis política”, y reitera su petición de dimisión de Rodríguez Zapatero.
El coordinador local de Unión, Progreso y Democracía (UPyD) en Melilla, Emilio Guerra, acusa al Gobierno central de, “que en los últimos dos años, no ha hecho nada para luchar contra la crisis, pese a las numerosas advertencias y críticas constructivas recibidas”.
“Zapatero ha renunciado a gobernar agravando aún más la crisis”, comentó el dirigente upedista, para quién el presidente “debería dimitir inmediatamente, al menos para que la política económica pueda recuperar algo de credibilidad”.
UPyD considera que lo sucedido “no era inevitable. No se debe únicamente a la crisis, sino a las medidas equivocadas aplicadas por el gobierno central durante años”, afirmó el upedista a través de un comunicado de prensa.
Así, entre otras cuestiones, el dirigente magenta apunta a los 12.000 millones que se dejaron de recaudar en el IRPF por la deducción generalizada de 400 euros, los 1.800 millones anuales perdidos por la supresión del Impuesto del Patrimonio, los 13.000 millones malempleados en los dos fondos de inversión local o los 11.000 de la reforma de la financiación autonómica.
“El recorte no puede ser más antisocial –según Guerra– porque los más afectados serán los trabajadores con sueldos modestos, los funcionarios –maestros, policías, bomberos, militares etc.–, los pensionistas o las personas dependientes”, insistió el representante de UPyD.
Según su opinión, “se nos ha llevado al borde del abismo hasta convertirnos en una economía tutelada desde el exterior, intervenida y controlada. Una situación humillante para un país como España, propia de un país en desarrollo incapaz de autogobernarse”, subrayó.
Para el partido que dirige Rosa Díaz, las medidas planteadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “no abordan lo importante”.
Entre estos asuntos, el dirigente magenta apunta a la reforma del mercado laboral; la supresión de medidas fiscales regresivas –supresión impuesto de Patrimonio, privilegios de las SICAV–, el control del fraude fiscal y la despolitización de las Cajas de Ahorro.
