“¿Habrá transporte escolar a inicio de curso? ¿Por qué no hay especialistas en el todos los institutos para los alumnos con necesidades especiales?”. Son algunas de las preguntas que se hace Hermelinda Casaña, una madre melillense de una adolescente de catorce años que tiene parálisis cerebral y que precisa de mucha ayuda para sacar a su hija adelante. Algunos dirán que quedan muchos meses aún para el inicio del nuevo curso. ¡Vaya, que aún no ha terminado el actual! Pero esta madre sabe bien lo que es que llegue septiembre y que su hija no pueda ir al instituto porque no hay transporte escolar adaptado. Y lo que es peor, que hasta bien entrado el octubre pasado no se puso en marcha este servicio que utilizan, según ella, unos 20 escolares en Melilla.
“Son poquitos niños, ¿por qué no se prevé que para septiembre pueda estar en marcha?”, se pregunta Casaña que espera que este año sí que la Dirección Provincial de Educación se ponga las pilas y haga toda la tramitación que tenga que hacer para que este servicio esté desde el primer día en funcionamiento.
La importancia del transporte
El pasado año se gastó 200 euros, dinero que se podría decir que no tiene, para evitar que su hija faltara a clase en el IES Miguel Fernández. Si hubiera optado por la COA habría tenido que cambiar dos veces de autobús y no siempre están adaptados.
El Miguel Fernández es un instituto que le pilla muy lejos de su casa, puesto que vive en el barrio de la Constitución. Tampoco tiene un coche adaptado para poder llevar ella misma a su hija al centro educativo, así que depende del servicio público que ofrece Educación. Por ello, desea con todas sus fuerzas que su hija pueda ir a clase el primer día sin problemas en el nuevo curso. Dice que Educación tiene tres meses para organizar ese transporte adaptado.
Faltan recursos
Algunos lectores se preguntarán por qué no lleva a su hija a un instituto que esté más cerca de su casa. De esta forma, no haría falta que llevara siempre a la niña en el transporte adaptado y podrían ir andando empujando la silla de ruedas de su pequeña. Pero esta madre asegura que no tiene otra opción que no sea llevarla el IES Miguel Fernández.
De hecho, es otra de las quejas que lanza al Ministerio de Educación, que no puede elegir el centro que esté más cerca de su casa.
Su hija tiene parálisis cerebral y no puede caminar, escribe con lentitud, pero sus capacidades cognitivas están perfectas y puede seguir las clases, asevera esta madre.
Ha ido al Anselmo Pardo de pequeña, que estaba cerca de su casa y que contaba con especialistas. Pero al pasar al instituto, les ‘han obligado’ a ir al IES Miguel Fernández, asegura.
El motivo es que es en este instituto donde encuentra una cuidadora y un profesional de Pedagogía Terapéutica (PETE). Para ella, esto “es segregación de alumnos”. En lugar de poner a los especialistas en todos los centros para que los niños con necesidades especiales no tengan que separarse de su entorno y las familias estén más cerca de ellos por si les pasa algo, se les manda al centro donde estén concentrados los recursos.
Es más, apunta que el hecho de que haya más cuidadores en el Anselmo Pardo o que se ofrezca este servicio en el IES Miguel Fernández no significa que los niños estén bien atendidos porque remarca que son muchos para pocos profesionales y que están desbordados en muchas ocasiones.
Casaña remarca que le hubiera gustado que su hija hubiera seguido con sus compañeros de clase en el IES Enrique Nieto o en el Virgen de la Victoria, puesto que así no se hubieran roto los lazos que ya había con esos compañeros.
Esta madre asegura que no demanda varios PETE o especialistas en casa centro, sino que al menos pueden ir rotando, como hace la fisioterapeuta que atiende a su hija. Explica que esta profesional tiene una sesión con su hija a la semana y va cambiando de centro según la demanda de los niños con necesidades especiales. Es una medida de emergencia no lo ideal, reconoce, pero al menos permitiría que su hija y otros niños como ella no tengan que separarse de sus amigos porque hay falta de recursos en los centros.
En resumen, Casaña demanda que las autoridades se pongan las pilas este verano y que trabajen para que su hija, como el resto de escolares, pueda ir el primer día a clase y no tenga que faltar porque haya un documento traspapelado o unos trámites sean lentos.
Además, exige a las autoridades que reclamen más recursos profesionales y materiales para los escolares con el objetivo de que todos estén en igualdad de condiciones a la hora de poder aprender y avanzar. Afirma que su hija no se puede permitir el lujo de faltar un día a clase y menos si es el retraso de una documentación.
