El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja del sindicato SATE-STEs sobre las elevadas ratios ilegales, y está llevando a cabo una serie de actuaciones ante las distintas administraciones que tienen algún tipo de competencia en materia de educación. Así lo anunció ayer Higinio Rodríguez, miembro del Secretariado de SATE-STEs durante una rueda de prensa.
El pasado mes de noviembre el sindicato presentó sus reivindicaciones ante el Defensor del Pueblo. Con dicha queja quisieron dejar constancia de que “una vez más prácticamente el 100%” de las aulas de educación Infantil y Primaria; así como una buena parte de las aulas de la ESO tenían ratios por encima de lo que dice la normativa vigente”.
Rodríguez quiso remarcar en que esas ratios son ilegales desde el inicio del curso. Desde el sindicato se achaca a esa circunstancia a la inacción continuada de las administraciones educativas durante muchos años, y que ha dado lugar al progresivo empeoramiento de la situación, y a los parámetros educativos que se conocen actualmente.
Asimismo reiteró que el Defensor del Pueblo se hico eco se su queja en el mismo término que las denuncias que ha llevado a cabo el sindicato, tanto en el problema en sí de la ratio, como en la dilación en el tiempo de este problema durante muchos años.
Construcción de centros
Desde la institución se afirma también que “es notoria la necesidad de construcción de centros educativos que palien las insuficiencias de espacios de los ya existentes y solucionen las presiones de escolarización que surgen periódicamente, desde hace años, ante el progresivo aumento de alumnos escolarizados”.
Rodríguez expresó que el Defensor del Pueblo también se ha hecho eco de las denuncias presentadas por SATE-STEs todos los años “con mucha insistencia” en el Consejo Escolar del Estado por las elevadas ratios en todos los niveles educativos que superan el número de alumnos por aula señalados en el artículo 151.1.a de la LOE, según el cual “únicamente puede ampliarse un 10% conforme a lo establecido en el artículo 87.2 para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, y no para alumnos escolarizados en el proceso ordinario de admisión”.
De esta forma, la institución recoge las peticiones del Consejo Escolar del Estado a instancias de SATE-STEs, que pide desde hace muchos años la creación de nuevos centros escolares y el cumplimiento del artículo 87 de la LOE, que exige “garantizar una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo” con el fin de garantizar una calidad educativa a todos los alumnos, y ofreciendo “la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.
Diagnóstigo y soluciones
El Defensor del Pueblo comparte el mismo diagnóstico y ofrece las mismas soluciones que propone el sindicato, expuso Rodríguez. El incremento de alumnos matriculados hace necesario el aumento de la plantilla del profesorado para poder reducir las ratios y ampliar los equipos de atención a la diversidad, de forma que se garantice una respuesta educativa adecuada.
Por ello, desde el sindicato destacan la necesaria contratación de 200 docentes para poder igualar este parámetro en nuestra ciudad. Según Rodríguez, el Defensor del Pueblo reconoce también la dificultad de las distintas administraciones para poder encontrar estos espacios destinados a convertirse en centros educativos.
Lo que hace necesario, explicó, que los esfuerzos deban ir encaminados a conseguir la adecuación de las tasas de escolaridad a las ratios permitidas y el cumplimiento de las medidas propuestas por el Consejo Escolar del estado y el Foro de la Educación de la Ciudad de Melilla.
