El diputado popular aplaude la decisión de la Audiencia Nacional para que no sea extraditado a Marruecos, pero recuerda que aún está el caso de Aarras y El Bay.
El diputado del Partido Popular por Melilla, Antonio Gutiérrez, recibió ayer con satisfacción la noticia de que la Audiencia Nacional haya decidido que no se puede extraditar a Abdeselam Ahmed a Marruecos. En declaraciones a ‘El Faro’, el popular subrayó que retirará su petición para que comparezca el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en el Congreso de los Diputados con vistas a ofrecer nuevas informaciones sobre Ahmed. No obstante, recordó que aún hay dos detenidos que pueden ser extraditados al reino alaouita, y que en este caso mantiene su intención de que Caamaño detalle cual puede ser el destino de ambos.
En cuanto a la actuación de la Audiencia, aplaudió su decisión ya que “no había garantías sobre el tipo de juicio al que se podría haber visto sometido Ahmed en Marruecos”. Al hilo, señaló que tal determinación se ha convertido “en un dique de contención” para evitar situaciones similares.
“Era una situación complicada”, añadió Gutiérrez, “ya que se abría la puerta a que cualquier español con apellido bereber y conexiones con Marruecos pudiera ser reclamado por la justicia alaoutia”. Así pues, celebró que vaya a ser juzgado en su país de origen, “tal y como dicta Estrasburgo”.
Por último, expresó sus dudas sobre el sistema legal del país vecino, ya que entiende “que no respetan los Derechos Humanos”. Además, reafirmó su intención de seguir luchando con su labor en el Congreso de los Diputados para que la Audiencia se pronuncie de similar manera en el caso de Mohamed El Bay y Ali Aarras.
En estos momentos, el caso de estos dos españoles sigue pendiente de resolución, aunque los dos años de detención que establece la legislación española para decidir si son extraditados o no ya han finalizado. De hecho, se amplió el período de detención a petición de la Audiencia Nacional, única posibilidad de aumentar el tiempo de retención.
Los tres fueron acusados de pertenencia a banda armada terrorista, circunstancia que llevó a Marruecos a considerar su extradición al entender que eran súbditos del reino alaoutia.
Tal noticia provocó una gran polémica en Melilla por entender que si se aceptaba la extradición, se ponía en peligro la libertad de muchos melillenses de orígen bereber y nacionalidad española, pues la Ciudad Autónoma estimó que todos ellos podrían ser considerados marroquíes a efectos de la legislación del país vecino.
