Aunque España tiene un "discurso positivo" sobre la acogida de refugiados, en la práctica ha permitido que sufran sistemáticamente la violación de sus derechos humanos, sobre todo en las fronteras de Ceuta y Melilla, un "limbo" donde las vulneraciones han sido especialmente graves.
Así lo expone Amnistía Internacional en su repaso anual al estado de los derechos humanos en el mundo, en el que suspende también el menoscabo de la libertad de expresión de personas como el cantante de Def con Dos, César Strawberry, gracias a una "amplia y vaga" definición del terrorismo.
En materia de acogida, el director de la organización, Esteban Beltrán, ha lamentado que solo cobijara hasta enero pasado a un 6 % de los 18.000 prometidos y mantuviera las expulsiones ilegales, 60 en un solo día de septiembre.
Disminuyeron las llegadas irregulares por Ceuta y Melilla, pero aumentaron las entradas regulares; sin embargo, el sistema de recepción fue "inadecuado", ofreciendo escasas plazas en los centros de acogida y poca asistencia a los alojados fuera de ellos.
Seguía sin implementarse la Ley de Asilo, lo cual "condena a la indigencia" a los demandantes -12.525 entre enero y octubre, frente a los 4.513 que lo hicieron en 2013- y hace que la atención que reciben no sea igual en todo el territorio.
Especialmente en las ciudades autónomas, donde, "si no eres sirio, es imposible solicitarlo", ha destacado Beltrán, quien ha criticado el "limbo" y discriminación de los inmigrantes que entran por ellas.
A lo largo del año se sucedieron ejemplos de cómo la "ambigüedad" de la definición del delito de enaltecimiento del terrorismo y la Ley de Seguridad Ciudadana limitaron "desproporcionadamente" las libertades de expresión, de información y de reunión.
Como muestra, los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García o las 25 condenas de la Audiencia Nacional contra 28 personas, la mayoría detenidos de la Operación Araña, como César Strawberry, condenado recientemente por el Tribunal Supremo a un año de cárcel por sus mensajes de burla a las víctimas en Twitter.
Amnistía reprocha al Ministerio del Interior que instara al Consejo General del Poder Judicial a tomar medidas contra el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada por asegurar en una mesa redonda que en España "la tortura se ha producido de manera clara".
Sobre ello, la organización alerta de nuevos casos que no fueron investigados con "eficacia y exhaustividad", como el de Juan Antonio Martínez, que murió por las lesiones recibidas mientras era inmovilizado por la Policía.
Y el de Javier Beortegui, que supuso la séptima vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminaba que España "violaba la prohibición de la tortura", o el de Ester Quintana, que perdió un ojo durante una protesta en Barcelona pero los mossos acusados de ello fueron absueltos.
Todo ello afianzó una impunidad que también se aplicó a los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo al impedir a la justicia argentina que interrogase a víctimas e imputados dentro de la investigación abierta en aquel país.
Los recortes de otros años continuaron cebándose con los más vulnerables: la reforma de la Sanidad de 2012, por la que se retiró la tarjeta sanitaria a casi 750.000 migrantes, castigó especialmente a las mujeres, sin que se garantizaran la protección a víctimas de violencia machista y trata o al colectivo LGTBI.
Ni siquiera aprobó en violencia de género, ya que desde la puesta en marcha de la Ley Integral y los juzgados especializados en 2004, no se han evaluado sus efectos "de forma participativa y transparente", al tiempo que el Estado sigue sin "asumir sus responsabilidades" en estos crímenes y reparar a las víctimas.
Tampoco estuvo a la altura al avalar el derecho a la vivienda, pues no se proporcionaron datos oficiales sobre el número real desahuciados, que seguían sin disponer de recursos jurídicos adecuados para defenderse en los tribunales.
