Un individuo ha sido condenado a seis meses de prisión como autor de un delito de atentado a la autoridad. El mismo reconoció este miércoles su culpabilidad ante la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla: se abalanzó sobre un policía nacional, arremetió contra él y lo lanzó contra una pared. Luego, intentó sin éxito escapar de comisaría.
Los hechos enjuiciados esta semana tuvieron lugar el 20 de mayo de 2015. De acuerdo con la versión de la Fiscalía, corroborada en el juicio por el imputado, ese día intentó cruzar a Marruecos por el paso de Farhana.
El hombre trató de pasar al país vecino por una zona no habilitada para peatones, motivo por el que los agentes de la Policía Nacional le pidieron la identificación. Al no disponer de ella, lo trasladaron a la Jefatura Superior.
Termina siendo reducido
Una vez allí, el individuo se abalanzó contra un policía, arremetió contra él y lo lanzó contra la pared. Entonces, intentó huir de la comisaría. En su amago de escapar de los agentes, destrozó el reloj de uno de ellos y también su equipo de transmisiones.
Además, el ahora condenado rompió “a golpes” una puerta de las dependencias policiales. Finalmente, entre varios policías consiguieron reducirlo e inmovilizarlo.
Acuerdo de conformidad
Antes de que diera comienzo el juicio, el letrado de la defensa del acusado llegó a un acuerdo de conformidad con el ministerio público. Este trato pasa necesariamente por el reconocimiento de los hechos por parte del encausado, tal y como aparecen descritos en el escrito acusatorio de la Fiscalía. A cambio, como compensación por colaborar con la Administración de Justicia, la acusación rebaja su petición de condena.
En este caso, la fiscal solicitaba inicialmente para el procesado una pena de dos años de cárcel. Tras el acuerdo de conformidad, modificó su petición a seis meses, la pena mínima que contempla el Código Penal para castigar este tipo de conductas delictivas.
Suspende el ingreso
Por otro lado, aunque el acusado tenía un antecedente penal por un delito contra la salud pública del año 2013, el ministerio público accedió a concederle la suspensión del ingeso en prisión, ya que esta vez se le juzgaba por un delito de distinta naturaleza penal.
La juez apercibió al procesado de que la suspensión del ingreso en el centro penitenciario quedaría condicionada a que abonase 440 euros a los agentes a los que causó daños y lesiones, en concepto de responsabilidad civil.
Si el encausado delinquiera en los próximos dos años, también se le revocaría esta concesión, por lo que tendría que cumplir los seis meses de cárcel.
Después de que el procesado se mostrara de acuerdo con los términos de la condena, la magistrada dictó la sentencia.
