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Los cinco exmiembros de la Generalitat se habían entregado ayer a la justicia
La Justicia belga decidió ayer la libertad bajo medidas cautelares del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus cuatro exconsejeros que le acompañan en Bruselas, tras las audiencias celebradas en la sede de la Fiscalía de Bruselas. Los cinco políticos se habían entregado ayer a la Justicia belga en calidad de detenidos y rechazaron su traslado ante las autoridades españolas por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.
Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), se entregaron a la Policía federal en Bruselas a las 09:17 horas (08:17 GMT) del domingo, explicó en comparecencia de prensa el portavoz de la Fiscalía de Bruselas y magistrado, Guilles Dejemeppe.
La entrega fue “convenida” con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados, según precisó.
Tanto el expresidente como los exconsejeros fueron declarando ante el juez a lo largo de la tarde de ayer, por separado, y abandonaron la Fiscalía de Bruselas todos juntos en un minibús.
Gritos de ánimo
A las puertas de la Fiscalía de Bruselas, unas 15 personas con la “estelada” (bandera separatista catalana) gritaron coincidiendo con la salida del minibús: “ánimo”, “no estáis solos”.
Se espera que ahora las autoridades judiciales belgas informen de los siguientes pasos que pretenden dar en relación a los exdirigentes. Al cierre de esta edición, se esperaba la emisión en unas horas de un comunicado de la Fiscalía belga, especificando los detalles de la situación procesal de los implicados.
En la mañana de ayer la Fiscalía belga había ordenado a la policía detener a Puigdemont y sus exconsellers antes de designar a un juez de instrucción que les tomara declaración para decidir sobre sus euroórdenes dictadas por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado viernes. Ninguno de los cinco acudió el jueves a su citación con la magistrada como investigados por rebelión, sedición y malversación.
A todos ellos, la juez Lamela les acusa de impulsar y promover desde su cargo público las movilizaciones y concentraciones tumultuarias en oposición a las órdenes judiciales, las convocatorias masivas para impedir a los agentes cumplir con sus funciones y los escraches a la Policía y a la Guardia Civil.
Según fuentes cercanas a Puigdemont, el hecho de que este y los exconsejeros se hubieran presentado voluntariamente a la Policía “se enmarca en la voluntad de no sustraerse a la acción de la Justicia, sino simplemente defenderse en un proceso justo e imparcial”.
