Aunque si son calificados como menores tienen más derechos, prefieren entrar en el CETI para después ser trasladados a al península, según la presidenta de la Fundación Raíces.
El Centro Asociado de la UNED acogió ayer la presentación del libro ‘Sólo por estar solo’, cuya autora es la abogada Carmen Moles. Se trata de un trabajo en el que se analiza una cuarentena de casos de menores extranjeros que sufrieron el desamparo público al considerar que eran mayores de edad aún cuando sus documentos de identidad expedidos por las autoridades de sus países de origen constataban lo contrario. Moles estuvo acompañada de la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, quien alertó de que en Melilla se están dando casos de menores que prefieren decir que son mayores de edad para conseguir el objetivo de ser trasladados a la península, aunque tienen más derechos siendo tutelados por la Administración Pública.
Reyzábal recordó el caso de un joven maliense que saltó la valla de Melilla. Ese menor de edad, pero dijo a las autoridades que era mayor de edad para ingresar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y ser trasladado a la península. La presidenta de la Fundación Raíces explicó que la razón de esta ‘mentira’ sobre la edad es que en Melilla se da la peculiaridad de que cuando un menor tutelado cumple la mayoría de edad, pierde automáticamente el permiso de residencia y se convierte en un inmigrante irregular. Esto, aseguró, no ocurre en la península.
Reyzábal cree que éste es uno de los motivos de que muchos menas se escondan en las escolleras del puerto esperando la oportunidad de ‘colarse’ como polizones en los buques que unen Melilla con la península.
La presidenta de la Fundación Raíces llamó la atención de la ausencia de traslados a la península de menores, cuando las instalaciones del centro de acogida se ven sobreocupadas. Reseñó el caso de Canarias, donde sí se producen traslados de menores, cuando los centros de acogida superan el límite máximo de su capacidad. En estos casos, sí se respeta el derecho al permiso de residencia que ampara a todo menor extranjero no acompañado en el momento que entra bajo la tutela pública, según indicó Reyzábal.
Pruebas de edad
El libro ‘Sólo por estar solo’ analiza alrededor de 40 casos de menores extranjeros no acompañados a los que se les denegó la protección estatal al considerarles mayores de edad aún cuando sus documentos de identidad o pasaportes de sus países de origen constataban lo contrario. Al parecer la contradicción radicaba en que las pruebas de determinación de la edad indicaban una mayoría de edad que no se correspondían con la que consta en el DNI o pasaporte del menor.
Moles y Reyzábal indicaron que estas pruebas osométricas no son infalibles. De hecho, tienen un margen de error de dos años, por lo que ambas no entienden por qué se da más veracidad a esos análisis de la determinación de la edad si el menor trae consigo la documentación de su país de origen que constata su minoría de edad.
No obstante, destacaron que ya han conseguido dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se establece que las pruebas de determinación de la edad no se harán a los menores que lleven consigo su documentación o el pasaporte de su país de origen.
Así nació la Fundación Raíces, al detectar casos en los que se estaban vulnerando derechos fundamentales de los menores extranjeros no acompañados que llegaban a territorio nacional. Ofrecieron a estos menas la defensa jurídica que necesitaban para garantizar sus derechos, especialmente, en los casos de repatriaciones. Éstas se venían practicando sin ningún amparo legal para los menores, es decir, sin asistencia letrada y sin tomar declaración al propio menor. Se paralizaron una vez que la Fundación Raíces lo denunció.
Denunciados por falsedad documental
La presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, explicó que la Fiscalía consideraba que la documentación o pasaporte que el menor llevaba consigo no era válida. Tampoco especificaron las razones por las que se suponía que estos documentos de ciertos países africanos no eran válidos. De hecho, en la Comunidad de Madrid se dieron varios casos en los que la Administración denunció a varios menores por un delito de falsedad documental que luego fueron archivados en el juzgado. Reyzábal explicó que incluso los expertos en documentación de la Policía Nacional ratificaban la autenticidad de los DNI o pasaportes de estos menores, pero el Ministerio Público dudaba de la veracidad de los datos recogidos en esos documentos. Según indicó la presidenta de la Fundación, el Ministerio Público insistió en una falsedad “ideológica” aludiendo a que los registros civiles de ciertos países africanos no eran fiables, pero nunca se ha llegado a especificar qué países son ésos.
