EL Pleno de la Asamblea aprobó ayer por unanimidad la cesión gratuita al Ministerio de Educación de una finca situada en las inmediaciones de la carretera de La Purísima.
En esos terrenos está prevista la construcción de un necesario centro docente. Allí se levantará el Instituto del Jardín Valenciano.
Como no podía ser de otro modo, los diputados de todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en votar a favor de esa cesión. Sin embargo, esa unanimidad de pareceres no fue suficiente para evitar el cruce de reproches. Por un lado CpM expresó su extrañeza por que el proceso de entrega de los terrenos se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Por su parte, el PSOE echó en cara al Ejecutivo del PP su falta de colaboración con el Gobierno de Zapatero, lo que hubiera hecho posible poner en marcha antes el proyecto. Fue el mismo reproche que hizo el portavoz del PP y el propio presidente Juan José Imbroda, pero en sentido contrario. En opinión de ambos, la causa del retraso fue la falta de interés del Ejecutivo central encabezado por el anterior presidente socialista.
Finalmente, se procedió a la votación y todos estuvieron de acuerdo en que la operación era necesaria para dotar de esa infraestructura a nuestra ciudad.
Hablar de pleno en la Asamblea es sinónimo de trifulca política. Ni en ocasiones como las de ayer, en las que prima el bien común de los melillenses, es posible apartar las viejas rencillas y hacer borrón y cuenta nueva para impulsar un proyecto que es necesario para la ciudad. Habitualmente se echan en falta propuestas constructivas por parte de la oposición y talante por parte del Gobierno local para aceptarlas, estudiarlas y defenderlas como suyas si benefician al conjunto de los ciudadanos.
Con la fecha de las elecciones a la vuelta de la esquina, no podemos esperar una cosa distinta de los debates en la Asamblea. Más bien ocurrirá que las sesiones, a medida que nos acerquemos a mayo, estén protagonizacas por enfrentamientos cada vez más broncos. Tampoco contribuirán a serenar los ánimos los multiples frentes abiertos en los juzgados. Las sentencias, autos y cualquier otro documento que lleve la firma de un juez servirán en las próximas semanas como arma contra el adversario político. Durante más de tres años nuestros políticos han tenido la ‘virtud’ de dar esa utilidad a cada una de las decisiones tomadas en los juzgados. Y ahora, que ya se ve la línea de meta, no da la sensación de que tengan intención de cambiar esa ‘costumbre’ tan típica de la política melillense.
Si aún hay quien espera alturas de miras en nuestros políticos, tendrá que esperar hasta después de las elecciones autonómica para quizá ver materializados sus deseos. Mientras llega el día de introducir el voto en las urnas, lo más recomendable es permanecer a refugio con la esperanza de que el bien común no salga especialmente perjudicado en esta trifulca o, al menos, no se convierta en una víctima colateral de la guerra fraticida que comienza a desatarse en todo el país y sobre todo en nuestra ciudad.
