El ex presidente del TC destaca la conveniencia de adaptar la Constitución a “las nuevas necesidades”.
El ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, abrió ayer el ciclo de ponencias del tercer y último día de las Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo en la UNED. Durante su charla defendió la necesidad de proteger los derechos sociales y económicos contemplados en la Constitución, pero también destacó la conveniencia de reformar la Carta Magna “para adaptarla a las nuevas necesidades”.
Para emprender esa reforma, Sala rechazó que el poder legislativo la lleve a cabo “a golpe de necesidad” o que los preceptos recogidos en la Norma se aclaren “a golpe de sentencia del Tribunal Constitucional sino desde el propio texto de la norma fundamental”.
El ex presidente del TC se refirió así a la reforma del artículo 135 de la Constitución que hizo el Gobierno en cuestión de un mes, en base al principio de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. “No hay que hacer las cosas a golpe de necesidad, sino hacer una reflexión de cuáles son los aspectos esenciales que necesita la Constitución para ser adaptada, después de más de tres décadas de vigencia, a las necesidades actuales”, recalcó.
Entre esas necesidades actuales que requieren una reforma de la Carta Magna, Sala destacó la “cuestión territorial”. “Sin duda alguna es uno de los aspectos que más preocupa actualmente. Hay que reconocer las singularidades territoriales, determinar bien cuál es el ámbito competencial del Estado y de las Comunidades Autónomas porque esto no se ha perfeccionado”, argumentó.
Todo ello implica que el Senado deje de ser una cámara “de segunda lectura” y se convierta en una cámara real y efectiva de “representación territorial”. Por otra parte, recalcó la necesidad de aclarar “desde el propio texto constitucional” los derechos económicos y sociales y no sea el TC el que recuerde “a golpe de sentencia” el núcleo es
La crisis no justifica los recortes en derechos sociales
La ponencia del ex presidente del TC, Pascual Sala, versó sobre la defensa de los derechos económicos y sociales recogidos en la Constitución. Recalcó, en este sentido, que estos derechos no pueden ser restringidos apelando a la crisis económica, como hace el Gobierno, sino que primero “hay que razonar y explicar que si se restringen los derechos sociales, es porque no se tiene alternativa, siempre después de haber restringido todos los despilfarros y gastos innecesarios. Esta ponderación nunca se hace”, lamentó Sala.
La Constitución recoge una serie de derechos sociales y económicos que son de obligado cumplimiento como lo es la propia Carta Magna, sostuvo. Por ello, estos derechos no se pueden tomar “como si fueran principios programáticos que si las circunstancias lo permiten, se han de desarrollar, pero si lo impiden, deben de ser restringidas”.
“Los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria recogidos en la Constitución y en el Derecho Comunitario Europeo imponen una restricción de los derechos sociales. No dice de dónde se tiene que recortar para lograr esta estabilidad. Eso depende de las políticas del Gobierno”, argumentó.
Sala negó que “por motivo de la crisis económica deban recortarse los derechos sociales” y explicó que la Constitución establece “una prioridad de gastos”, algo que no hacen los Gobiernos en España “independientemente de su color político”. “Cuando se dicta una norma restrictiva, se apela a la crisis económica y por eso se recorta en derechos sociales. No es así”, reiteró. No obstante, Sala no entró a valorar si las medidas del Gobierno son, en este sentido, inconstitucionales, pues “habría que analizar cada una de las normas y ver si restringen el contenido esencial de esos derechos. No se puede alterar el núcleo esencial del Derecho, es decir, la reconoscibilidad del Derecho no puede ser eliminada”, zanjó.
