La ONG reconoce que el problema de la inmigración es “complejo”, pero exige respeto a los derechos humanos.
La ONG Human Rights Watch, líder mundial en la lucha por los derechos humanos, aseguró ayer en declaraciones a El Faro que la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla es “preocupante por el hacinamiento y la presencia de personas con enfermedades contagiosas con necesidad de tratamiento”.
Judith Sunderland, investigadora europea de HRW, recordó que “las autoridades (españolas) tienen la obligación de asegurar un alojamiento adecuado y digno (a los inmigrantes del CETI)”. Asimismo señaló que desde su organización esperan que se agilicen los traslados de inmigrantes a la península.
Consultada por este diario sobre cómo cree que debe actuar nuestro país para hacer frente a la inmigración irregular, Sunderland apuntó que “España debe atenerse a todas sus obligaciones internacionales en material de derechos humanos para frente una situación compleja como es el caso de la inmigración irregular en Melilla y Ceuta. Todos los países tienen el derecho de proteger sus fronteras, pero no pueden hacer esto de una manera que ponga activamente a las personas en peligro o que impida que los solicitantes de asilo y otras personas necesitadas de protección accedan a su territorio”, recalcó.
Al hilo de esta pregunta, Sunderland también destacó que “el uso de la fuerza por la Guardia Civil debe ser proporcionado y limitado a lo estrictamente necesario”. Además, mostró su oposición a la devolución de inmigrantes a Marruecos.
No hay que olvidar que esta ONG presentó recientemente un informe en el que denunciaba que los inmigrantes subsaharianos son sometidos a abusos, robos y malos tratos al ser supuestamente devueltos a la Policía del país vecino.
Para Sunderland, “cada migrante que entra en territorio español debe tener acceso a todas las garantías de la Ley de Extranjería, incluyendo un intérprete y consejos legales”.
Por lo tanto, HRW considera que “toda colaboración con Marruecos en materia de control de inmigración debe basarse en el respeto a los derechos humanos”.
Reunión con Interior
El Faro también quiso saber ayer si Human Rights Watch sólo va a denunciar ante la prensa los excesos de la Policía de Marruecos para con los inmigrantes subsaharianos que presuntamente son devueltos desde Melilla. A esta pregunta, Judith Sunderland respondió que la denuncia está recogida en el informe ‘Abusos y expulsiones: Maltrato de migrantes del África subsahariana en Marruecos’. Además añadió que su organización tuvo recientemente “una serie de encuentros” con el Ministerio del Interior y con mandos de la Guardia Civil para abordar el tema.
Por último, Sunderland se mostró ayer más contundente que la postura oficial de HRW ante el uso de concertina en Melilla. “El poner cuchillas en las vallas sólo hace más probable que la gente se haga daño. No es ni eficaz ni humano. Desde una perspectiva política, las vallas como las de Melilla no sirven realmente para alcanzar su objetivo, porque la gente o tratará de escalarlas o buscará otros caminos, potencialmente más peligrosos, para entrar en el país”, concluyó.
Madrid y Rabat aplazan la cita de mañana por la muerte de Adolfo Suárez
La reunión prevista para mañana en Tánger entre los ministros del Interior de España, Jorge Fernández Díaz y de Marruecos, Mohamed Hassad, fue aplazada ayer hasta abril a causa del luto oficial que vive nuestro país por la muerte del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez.
Fuentes del Ministerio del Interior informaron ayer de que el ministro Jorge Fernández Díaz habló con su homólogo marroquí y ambos decidieron “de común acuerdo” aplazar el encuentro a causa del luto por la muerte de Suárez.
El ministro del interior marroquí, por su parte, trasladó ayer a su colega español el pésame por la muerte de Adolfo Suárez.
No hay que olvidar que la reunión de mañana tenía como objetivo impulsar el acuerdo hispano-marroquí de 1992, ratificado 20 años después, en octubre de 2012, que permite la readmisión de inmigrantes.
El artículo 11 del dicho acuerdo establece la creación de una comisión mixta presidida por los ministros de Interior de ambos países para tratar las “cuestiones litigiosas” del convenio.
No hay que olvidar que fue el propio ministro del Interior el que anunció durante su visita a Melilla y Ceuta la intención de reunirse en Tánger con las autoridades marroquíes para tratar el tema de las devoluciones de inmigrantes en la frontera.
Este anuncio despertó las críticas de las ONGs que se le echaron encima al ministro porque consideran que ese tratado tiene un rango inferior a la Ley de Extranjería y por tanto ésta última prevalece sobre lo firmado con Marruecos.
Aún así, desde Interior se aferran a la tesis de que el tratado permite a España esquivar la Ley de Extranjería, que obliga a llevar ante la Policía a todo el que pise suelo español.
