El Grupo Mixto Vox ha registrado en la Asamblea de Melilla una moción para que la Ciudad inste al Gobierno de la nación a presentar en el Parlamento un proyecto de ley orgánica que prohíba el uso en el espacio público de las prendas que ocultan por completo el rostro, concretamente el burka y el niqab.
La propuesta pone el acento en la protección de la dignidad y la libertad de las mujeres, así como en la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana. El texto recuerda que las prendas que borran completamente la identidad visual de una persona suponen un grave obstáculo para la convivencia y dificultan la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El portavoz de Vox en la Asamblea, José Miguel Tasende, explica que el objetivo de la iniciativa es “defender un modelo de sociedad en el que hombres y mujeres puedan relacionarse en igualdad y con plena visibilidad de su identidad personal”. “No estamos hablando de símbolos religiosos ni de la forma de vestir en general”, añade, “sino únicamente de aquellas prendas que impiden reconocer el rostro de quien las lleva”.
En este sentido, la moción deja claro que de los diferentes tipos de velos que se utilizan en el mundo islámico solo se propone la prohibición de los que ocultan totalmente el rostro, el burka y el niqab. El uso del hiyab u otras prendas que cubren el cabello o el cuello no se ve afectado por esta propuesta, que se centra exclusivamente en la necesidad de poder identificar a las personas en espacios y servicios de uso público.
Tasende destaca que la medida busca también “evitar situaciones de posible coacción sobre niñas y mujeres que no desean llevar estas prendas”, y recuerda que muchos países europeos —como Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos o Suiza— han aprobado ya normas de este tipo, respaldadas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha reconocido que pueden tener una justificación objetiva y razonable.
La moción de Vox recuerda asimismo el precedente del Ayuntamiento de Lérida, que en 2010 aprobó una modificación de su ordenanza de civismo para prohibir el uso del burka y el niqab en instalaciones municipales. Aquella iniciativa salió adelante con los votos del PSC (rama catalana del PSOE), del Partido Popular y de CiU, pero fue anulada posteriormente por los tribunales no por su contenido, sino por entender que un ayuntamiento no tenía competencia para limitar un derecho fundamental mediante una ordenanza local, cuestión que corresponde al legislador estatal.
“Precisamente por respeto al marco constitucional y a esa doctrina jurisprudencial”, señala Tasende, “desde Melilla pedimos ahora que sea el Parlamento, a propuesta del Gobierno de la Nación, quien regule esta cuestión con todas las garantías jurídicas, de forma homogénea para toda España y con pleno respeto a los derechos fundamentales”.
Para Vox Melilla, se trata de abrir un debate sereno, respetuoso y constructivo sobre cómo proteger mejor a las mujeres y reforzar la seguridad sin estigmatizar a nadie. “Queremos que todas las mujeres, con independencia de sus creencias, puedan participar en la vida social de manera visible, libre y segura”, concluye Tasende, “y por eso pedimos una ley clara que prohíba únicamente aquellas prendas que borran por completo su rostro en el espacio público”.
