El presidente de Vox en Melilla y portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea, José Miguel Tasende, ha calificado de “escarnio” y “agravio a las familias” el coste que supone para las arcas públicas el mantenimiento de cada menor extranjero no acompañado (mena) acogido en la ciudad. Según datos aportados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma, cada uno de estos jóvenes cuesta aproximadamente 5.000 euros mensuales, lo que se traduce en 60.000 euros anuales por menor tutelado.
Tasende ha denunciado que este gasto resulta desproporcionado si se compara con la realidad económica de muchas familias melillenses. “La renta media más baja de la ciudad es de 4.996 euros al año, menos de lo que cuesta un solo mena al mes. Esto es una falta de respeto a quienes viven con lo justo”, ha señalado, tomando como referencia los indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2022.
El dirigente ha lamentado que solo Vox haya denunciado públicamente este gasto, que según sus palabras supera con creces los ingresos anuales incluso de los hogares con mayores recursos. “Un mena recibe más del doble de lo que perciben los trabajadores mejor remunerados en Melilla, cuya renta media es de 22.515 euros”, ha añadido.
Vox Melilla ya había preguntado por este asunto en el pleno del 31 de octubre de 2024, pero, según recuerda Tasende, el Gobierno no ofreció cifras concretas. “Nos respondieron con vaguedades, y la consejera llegó a decir textualmente: ‘Melilla es solidaria’. Ahora que se ha preguntado en el Congreso, de repente aparecen los datos”, ha expresado, en alusión a las preguntas formuladas recientemente por diputados de VOX en la Cámara Baja.
El portavoz del Grupo Mixto relaciona también esta revelación con el debate en torno al Real Decreto sobre el reparto de menores extranjeros desde Canarias. Este decreto, apoyado por el Partido Popular en julio de 2024, llevó a Vox a romper sus pactos de Gobierno en comunidades como Murcia, Castilla y León, Valencia, Aragón y Extremadura. En ese contexto, Tasende ha cuestionado si el Gobierno de Melilla recurrirá o no la normativa estatal. “Con un centro de menas descontrolado y la previsión de reducir el número de vigilantes, traer más menores es una temeridad”, ha afirmado.
La Ciudad Autónoma de Melilla alberga a un número significativo de menores migrantes en el centro de acogida de La Purísima, unas instalaciones que han sido objeto de preocupación por parte de diversos colectivos por su masificación y condiciones de seguridad. En los últimos meses, según ha recordado Tasende, se han producido varios incidentes graves: una quema de colchones en noviembre, el apuñalamiento de un trabajador en diciembre y una agresión a 19 empleados con armas blancas y piedras durante el pasado Ramadán.
Desde Vox aseguran que han presionado para obtener datos concretos sobre el número de menores acogidos actualmente y el coste que representa su atención integral, que incluye manutención, atención sanitaria, educativa y personal de seguridad. Sin embargo, critican que antes de facilitar esa información al grupo parlamentario, el Gobierno de Imbroda la compartiera con la prensa local.
Tasende ha concluido su intervención señalando que esta situación no es fruto del azar, sino de una política que, a su juicio, prioriza a los menores extranjeros frente a las necesidades de los ciudadanos locales. “Mientras las familias melillenses hacen esfuerzos para llegar a fin de mes, nuestros impuestos se destinan a mantener a jóvenes que deberían estar con sus familias en sus países de origen. VOX seguirá denunciando esta situación aquí y en Madrid”, ha sentenciado.
Actualmente, Melilla acoge a unos 195 menores extranjeros, repartidos principalmente entre tres centros: el Centro de la Purísima, el Centro Asistencial y La Divina Infantita. El primero, que soporta la mayor carga con unos 160 menores, genera un gasto aproximado de 500.000 euros mensuales, lo que equivale a 6 millones de euros al año. El Centro Asistencial añade otros 3,3 millones anuales, mientras que La Divina Infantita, con menor capacidad, representa una partida económica reducida, aunque no especificada.