Anadie se le escapa, lo que iba a ser un desfile, una alegre marcha en el camino inexorable hacia La Moncloa, se ha convertido en el peor verano que Feijóo se podía imaginar. Ni las tórridas e históricas temperaturas estivales alcanzan a describir el calor que ha debido vivir Génova estos últimos meses. Tras este verano de infarto, el 23J nos vaticina una investidura al rojo vivo en la que la aritmética parlamentaria le deja al PP como única opción que vuelvan a repetirse las elecciones. Mientras tanto, los think tank de la derecha y su cohorte mediática nos sumergen a toda máquina en un nuevo relato capaz de superar los marcos del “que te vote Txapote” o “derogar el sanchismo”, que tan escaso triunfo electoral les ha producido tras el 28M. Especialmente esperpéntica ha sido la reunión con el PSOE para rogarle a Sánchez que se derogase a sí mismo. Propuesta bien condimentada de constitucionalismo y pactos de Estado, pero ni hablar de renovar el Consejo General del Poder Judicial, esto es el Gobierno de los jueces, que lleva ya 5 años de retraso.
Las encuestas, las que no tratan de manipular electoralmente y presentan sus resultados acompañadas de fichas técnicas que avalen su rigor científico, nos dicen que la mayoría de los españoles apoya ampliamente una coalición progresista sostenida por los partidos independentistas. Para la mayor parte de la opinión pública la solución del conflicto catalán pasa por negociar acuerdos de legislatura con partidos como Junts y ERC. Prófugos e indultados forman parte de la ecuación, tratando de dar solución a una cuestión que parece avanzar cuando se desjudicializa y encuentra en la política la única vía que nunca debería haber abandonado. Ni el fanatismo independentista, ni un Gobierno central superado por las circunstancias derivadas de su miopía política, fueron capaces de darle una salida pactada a una DUI abocada desde el principio al fracaso, aunque fuera entusiastamente secundada por buena parte de la sociedad catalana, vilmente polarizada y fracturada. La prensa nos recuerda estos días que Rajoy trató in extremis de salvar la situación negociando con Puigdemont la amnistía de los que habían participado en el referéndum ilegal. Solución que ahora con la investidura de Sánchez se antoja “insoportable” y casi inconstitucional.
Volviendo a esas ofertas de pactos de estado de Feijóo a Sánchez, la que más me ha llamado la atención es la propuesta de “Reforma del Senado”, que, a pesar de su error de cálculo, se podría apoyar en el 64%, que no en el 94% esgrimido por el opaco candidato del PP, porcentaje representado por la posible “gran coalición” con el PSOE. Me sorprende que la propuesta de cohesión territorial del centro derecha se siga sosteniendo en la exclusión de todo el arco parlamentario regionalista, nacionalista y, por supuesto, independentista de este país, con o sin en el beneplácito de una ultraderecha que acaba de facilitarle el Gobierno de la Región de Murcia. Difícil de asimilar en estos tiempos de pactos autonómicos PP-Vox, pero aún más difícil de encajar en la construcción una futura vertebración territorial que no ponga a la defensiva a más de la mitad de los ciudadanos de comunidades tan importantes como Cataluña y el País Vasco. No aventuro a saber cuál es la propuesta concreta de reforma de la Cámara Alta de un PP que gobierna media docena de autonomías con un partido que aspira a abolirlas todas ellas, a pesar de repartirse sin complejos sus instituciones y consejerías.
La reforma de la Constitución es en estos momentos más necesaria que nunca, pero solo puede construirse desde el federalismo que tanto le cuesta asumir a la derecha española. Decía Manuel Cruz, catedrático de Filosofía y ex presidente del Senado, en un artículo a finales de agosto que “Al PP le conviene el federalismo”, para estratégicamente resolver lo que se ha convertido en un problema de primer orden para conseguir la denostada y complicada cohesión territorial. “Cerrar lo que quedó abierto en el texto constitucional”… “La derecha debería ser consciente de que no hay mejor forma de defender un proyecto común de país que aceptando su diversidad (sin ir más lejos, lingüística) que bien podríamos calificar de estructural”… “No deja de resultar paradójico al respecto que la derecha, que tanta importancia declara conceder a la cuestión de la cohesión nacional, no acabe de saber en qué clave pensarla, más allá de las rutinarias exhortaciones retóricas uniformistas” (El País, martes 29 de agosto de 2023).
Hoy por hoy, las posibles virtudes del federalismo no tienen en el PP de Feijóo uno de sus principales defensores, como tampoco en el independentismo más recalcitrante del Junts de Puigdemont. A pesar de que podría ser provechoso políticamente para ambos espacios políticos, les es imposible encontrar puntos de encuentro más allá del tacticismo y las huidas hacia delante. Esa enorme tarea solo le puede a corresponder a Pedro Sánchez y a un PSOE que, si bien viene permeando cultura federalista desde hace décadas, incluida declaraciones institucionales como la promovida por Rubalcaba en 2013 en el Consejo Territorial de Granada, aún tiene por delante la tarea de que actualizarse a los nuevos tiempos.
En un futuro, la reforma del Senado debería ser una pieza clave hacia esa España federal. Reforma que no solo requiere una amplia mayoría de 2/3 en el Parlamento, en la que los votos del PP son imprescindibles, sino que además requiere el consenso de todas las fuerzas políticas, nacionalistas e independentistas, que posibilite un pacto de Estado duradero. La próxima legislatura debe ser una oportunidad para la vertebración territorial de España, con un presidente investido sobre la base de acuerdos de convivencia que permitan avanzar hacia un modelo de Estado en la que todas las comunidades se sientan realmente integradas y cómodas dentro un estado que es capaz de reconocer toda su diversidad.
Volviendo al principio, a nadie se le escapa que dichos acuerdos necesitan un espíritu de consenso, más allá del tacticismo al rojo vivo de la investidura de Feijóo. Un acuerdo desde la templanza de un nuevo pacto territorial que avance en el carácter federal de la actual estructura autonómica, que obliga a reformas constitucionales de calado y no a meras modificaciones legales, así como a un consenso de la envergadura del Pacto del 78.
