El director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Jorge Vera, ha reiterado este viernes, como ya dijo recientemente la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que los representantes del Ejecutivo central en Melilla han hecho “todo lo que se podía hacer” para desbloquear los planes de empleo y que se encuentran a la espera del informe que se ha solicitado a la Abogacía del Estado para ver cómo se pueden sacar adelante.
“De esto está ya todo dicho. Ya no está en manos de la Delegación”, ha afirmado Vera, quien, pese a todo, ha remarcado que se han buscado soluciones “incansablemente” a la hora de afrontar la sentencia del Juzgado de Lo Social de Melilla, favorable a la Confederación General del Trabajo (CGT), que hablaba de diferencias salariales con respecto al IV Convenio de la Administración General del Estado y de la discriminación y trato desigual, y poder comenzar unos planes de empleo que tendrían que haberse puesto en marcha el pasado día 1 de julio como muy tarde.
Si ya parecía difícil que se pudieran alargar hasta entrado el año 2025, tampoco parece plausible poder ejecutar dos planes de empleo distintos el año que viene a tenor de las palabras de Vera, quien ha manifestado que antes que nada hay que ver qué sucede con la convocatoria de este año, que es la que está generando el problema. Además, ha puntualizado que la convocatoria de subvenciones públicas, cuando son destinadas a otras administraciones públicas, como sucede en el caso de los planes de empleo, tienen unos plazos y unos requisitos y, si estos no se cumplen, “los fondos –en este caso, 11 millones de euros- deben ir al Tesoro Público para reinvertirlos en cualquier otra necesidad para la ciudadanía”.
El director provincial del SEPE ha defendido que “lo sensato” para no perder tiempo ni dinero es que no se haya recurrido la sentencia, porque "quien recurra esto sabe que lo va a perder", pese a que “ha sido un problema ajeno a la Delegación del Gobierno y las responsabilidades que se le adjudican no están fundamentadas”, ya que “una cosa es que tú no puedas ejecutarlos porque hay una sentencia judicial y otra cosa es que haya programas que no se ejecuten porque se haya pasado el plazo”. Esto, ha añadido, si lo vería “grave”, pero no se ha dado.
“Yo creo que se está haciendo lo que se tiene que hacer y tomando el camino que se tiene que tomar. A partir de ahí, que nos digan lo que sea y la Delegación tomará cartas en el asunto. Pero que no ha dejado de tratar este asunto y no lo va a dejar de hacer en ningún momento”, ha indicado.
Reestructuración
En cualquier caso, Vera también ha apoyado a Moh en la idea de que la sentencia debe servir para reestructurar la manera como están confeccionados los planes de empleo, eso sí, siempre teniendo como destinatarios a los colectivos más vulnerables, quienes sufren una mayor tasa de paro en la ciudad, y que son “prioritarios” para la Delegación del Gobierno.
