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Inicio » Política

UPyD pide una Ley de Derechos y Deberes acorde a la realidad social de los militares

por Redacción El Faro
09/02/2011 20:50 CET

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Emilio Guerra piensa que “pese a sus sacrificios, su voz continúa sin oírse”.

El coordinador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Melilla, Emilio Guerra se refirió en nota de prensa a las comparecencias en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados de diferentes expertos que están ofreciendo a los diputados su opinión al respecto del Proyecto de Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

“Recordemos que UPyD, fue la única formación política del arco parlamentario que pidió la retirada del texto, presentando una enmienda a la totalidad, por considerarlo repleto de lagunas y elaborado con muchos prejuicios, y estar impregnado del inmovilismo de ciertos sectores de presión e influencia que no quieren que las cosas cambien de verdad en el Ejército y se esfuerzan en disfrazar una norma bajo un falso velo de apertura y progreso”, precisó el upedista.

Para Guerra, existe un más que probado “bache emocional y desmotivación” entre los militares españoles, sobre todo, abundó, “entre la Tropa y Marinería, los suboficiales y los oficiales que provienen de las antiguas escalas declaradas a extinguir o integradas”. Las tradicionales “trabas” a los derechos civiles y políticos de los militares, según UPyD, colocan a estos funcionarios públicos uniformados en una situación nada privilegiada, más bien todo lo contrario, puesto que son herederos de limitaciones e injusticias, fruto del desequilibrio existente entre derechos y deberes, con los principios de unidad, jerarquía, disciplina y necesidades del servicio que la institución militar requiere en su status especial. Según Guerra, “el éxito de la futura ley orgánica, estaría en conjugar de forma armoniosa y eficaz los referidos conceptos, que son perfectamente compatibles, pero que con la actual redacción no se da”. 

En resumen, a juicio de la formación que lidera Rosa Diez, el proyecto que está en fase de consultas a expertos y asociaciones, no recoge las inquietudes y necesidades reales de los miembros de las FAS.

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