El coordinador de Unión, Progreso y Democracia en Melilla, Emilio Guerra, denunció ayer, un año más, la Semana Náutica, por considerarla “ un acontecimiento que ofrece una enorme desproporción entre su coste y el beneficio que pueda repercutir en la ciudadanía”. Desde su óptica, el evento no es más que un “filón para el desmadre de las arcas municipales”.
Para el líder de la formación magenta, la Semana Náutica “es la máxima expresión de una Consejería, que lejos de abordar la gestión del deporte desde una perspectiva global –deporte para todos- para promover sus valores culturales, sociales y educativos, se empeña en las facetas de los grandes eventos y espectáculos, convirtiéndola en sinónimo de jolgorio y derroche para unos pocos privilegiados”.
“Sinceramente –comentó Emilio Guerra- creo que el Sr. Robles le está haciendo un flaco favor a los deportes náuticos, pues lejos de promocionarlos los utiliza como elemento de propaganda política y para justificar el gasto de unas partidas presupuestarias desmesuradas y opacas, insostenibles en los momentos de crisis que vivimos”.
Además, según el upedista, “el mantenimiento contra viento y marea de los cuantiosos gastos de citado evento, ofende a los 10.000 parados de la ciudad”.
UpyD considera “precisa una reorganización del deporte local, pasando por un cambio profundo en sus estructuras políticas y administrativas, para que la gestión del área no pueda seguir al arbitrio y capricho de un señor que cree que todo su trabajo se centra en repartir subvenciones y organizar entregas de trofeos”.
Con más de 11 millones de euros de dotación presupuestaria, la Consejería de Deportes, “convierte una magnífica cantidad en unos pésimos servicios para la generalidad de los ciudadanos”, sentenció el Guerra.
Es más, según añadió, su grave problema es “su dirección política”, “motivo de frecuentes los escándalos” como el abierto con la Federación de Fútbol, de la que dijo, “subvenciona con más de 340.000 euros, pero existen dudas muy razonadas sobre una ineficiente fiscalización de sus gastos que, al parecer, no se ajusta a la normativa vigente”.
