Tres inmigrantes subsaharianos, de los que, según el delegado del Gobierno, voluntariamente viven fuera del CETI por negarse en la mayoría de los casos a cumplir con las normas de convivencia del mismo centro, murieron calcinados en la madrugada de ayer sábado, cuando dormían en una de las chabolas próximas al Cerro de la Palma Santa. La noticia nos despertó a bocajarro, con los inmigrantes ya dirigiéndose a la Delegación del Gobierno portando pancartas en las que podían leerse “no a la violencia y la discriminación”, en clara actitud airada por el trágico suceso que se cobró la vida de tres varones, en uno de los casos padre de un hijo de sólo tres semanas.
La viuda, compungida, decía que a su marido le habían retirado la tarjeta de acceso al CETI como un “castigo”, aunque desde la Delegación del Gobierno se puntualizaba que en realidad se encontraba sujeto a un proceso de mediación después de que en la tarde del viernes protagonizara un altercado con su pareja y se optara por separarlos. Así lo puntualizó la autoridad gubernativa, Gregorio Escobar, que insistió en que se trataba de una situación temporal para normalizar y “reconducir” el conflicto.
A la postre, la temporalidad de la medida se ha trasmutado en una tragedia, puesto que el nuevo padre acabó calcinado junto a otros dos compañeros de chabola en la infravivienda donde les sorprendió el fuego y de la que al parecer no pudieron escapar porque se habían encerrado desde el interior con dos candados.
La Policía Judicial de la Guardia Civil y la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía investigan las causas del siniestro, que en principio se atribuyó a unas velas.
Lo sucedido, nos guste o no, es sobre todo la crónica de una tragedia anunciada. La última vez, en el Pleno de Control del pasado 27 de enero, cuando el PSOE, en su insistencia contra el campamento pro Ali Aarras de la Plaza de España, encontró la réplica del consejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán, quien advirtió de la necesidad de que la Delegación del Gobierno actuara para evitar el tremendo peligro de incendio que suponían las muchas chabolas que habían ido proliferando en los alrededores del CETI y proximidades del Cerro de la Palma Santa. Por su parte, los vecinos afectados por las chabolas también han venido denunciado en muchas ocasiones la peligrosa situación y la gran acumulación insalubre de basuras en torno a las mismas infraviviendas
Respecto de esa realidad, caótica y muy preocupante por el evidente riesgo que exhibía, se ha hablado mucho en estos últimos meses, y siempre se ha dicho, desde la Delegación del Gobierno, que la Policía no podía actuar para desmantelar las chabolas mientras no existieran denuncias de los propietarios de los terrenos donde se asientan, variados y públicos en algunos casos, porque parte de ellas se ubican precisamente en el cauce del Río de Oro, supuestamente bajo el control de la Confederación Hidrográfica del Sur, como se sabe un organismo público dependiente de la Administración central.
No es mi interés buscar culpables pero tampoco cerrar los ojos ante la frustración que provoca la evidente pasividad de la que han hecho gala nuestras autoridades ante una tragedia, como digo, previsible y anunciada. De hecho, no entiendo cómo pueden aprobarse Planes de Empleo para limpiar el Río de Oro y no para desmantelar una chabolas con un alto potencial de riesgo tanto para quienes las habitan como para los vecinos de las viviendas colindantes.
Tampoco entiendo cómo la autoridad gubernativa puede permanecer impasible ante el malvivir al raso de seres humanos en situación documental irregular que, efectivamente, no pueden ser internados a la fuerza en un centro de libre acogida, pero que en cualquier caso están bajo su tutela por su condición, repito, de inmigrantes en situación irregular.
Sencillamente, pienso que se ha dejado el asunto al albur de las posibles consecuencias, que desgraciadamente y como se preveía han sido trágicas y lamentables. Una frustración más para el conjunto de los melillenses que, de nuevo, hemos venido comprobando como a otro delegado del Gobierno se le escapa de las manos el problema de la inmigración descontrolada. La política pasiva, la no política en realidad ante la presión migratoria sobre Melilla, ya se saldó con una brutal injusticia para los bengalíes en septiembre pasado y ha vuelto a poner de manifiesto no sólo que este Gobierno del PSOE es incapaz de gestionar de algún modo el hecho de la inmigración, sino que los tintes ‘progresistas’ del socialismo no pasan de la simple verborrea y la falsa declaración de intenciones.
Para nuestro pesar y el de los inmigrantes que al llegar a nuestra ciudad creen acceder a Europa, Melilla no deja de ser en este asunto una patata caliente para el Gobierno central de turno. Ocurrió en tiempos de Aznar y se repite con Zapatero. La falta de conciencia local ante la necesidad de forzar una política de Estado favorable a los intereses de nuestra ciudad contribuye a esta triste casuística tan dañina para el progreso de nuestra tierra y tan inhumana para los desheredados del mundo que logran sortear nuestra frontera.
