Una clínica externa asumirá los casos de interrupción del embarazo de Melilla

La legislación vigente sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo dispone que “se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley”. El artículo 13 de esa norma obliga a que esa intervención “se practique por un médico especialista o bajo su dirección” y “que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acreditado”. Sin embargo, en Melilla es más complicado que en otros territorios el cumplimiento de este derecho de las mujeres.

Eso es así porque el mismo texto legal reconoce el derecho de los profesionales directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a ejercer la objeción de conciencia. Resulta que todos los facultativos especialistas de Obstetricia y Ginecología del Hospital Comarcal de Melilla se han acogido a ese derecho, por lo que “no resulta posible llevar a cabo este procedimiento, habida cuenta además que en Melilla no hay ningún otro centro sanitario ni público ni privado, acreditado para realizar IVES”.

Ese es el argumento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para contratar los servicios de un centro sanitario acreditado que garantice el acceso a esta prestación del Sistema Nacional de Salud a mujeres residentes en la ciudad. Y así lo ha hecho, hasta el punto de que ya tiene seleccionada la empresa que se hará cargo de estas actuaciones médicas.

Una de las exigencias del Ingesa era que la entidad con la que concertar este servicio tuviera sus instalaciones “lo más próximo posible” a Málaga, al ser la ciudad de la península más próxima a Melilla y mejor comunicada por vía aérea. Y, efectivamente, la sociedad seleccionada tiene su sede en la capital costasoleña. Además, ha presentado una oferta que cuadra con el precio marcado por Sanidad, de manera que recibirá por estos servicios casi 105.000 euros.

Un total de 151 IVES en un año

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria podrá garantizar así a las pacientes de Melilla el acceso a estas prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva respecto a los residentes en otras zonas del territorio nacional. Ahora solo resta confirmar la adjudicación y firmar el contrato con la empresa, una vez que ésta aporte la documentación que en materia de contratación exigen las administraciones.

Melilla tiene una de las tasas de abortos más bajas de España. Sin embargo, cada año se registran peticiones de mujeres que la sanidad pública tiene la obligación de atender. Según las estadísticas a las que a tenido acceso este periódico, en el año 2023 se anotaron en la ciudad 128 casos de interrupción voluntaria del embarazo.

El último ejercicio del que hay estadísticas oficiales es 2024, en el que se registraron 151 abortos, lo que refleja un aumento de 23 intervenciones en términos interanuales. La distribución por grupos de edad muestra que 18 IVE correspondieron a mujeres de entre 15 y 19 años; 35 a la franja de 20 a 24 años; 32 al grupo de 25 a 29 años; y 34 a mujeres de 30 a 34 años. En edades superiores, se registraron 19 interrupciones en el tramo de 35 a 39 años y un caso en una mujer mayor de 44 años.

La mayoría de casos son peticiones de las mujeres

Al igual que en años anteriores, todas las IVE practicadas en 2024 se realizaron en centros sanitarios privados. No obstante, la información previa sobre este derecho se canalizó mayoritariamente a través del sistema público. Así, 92 mujeres declararon haberse informado en centros sanitarios públicos, frente a 38 que lo hicieron en espacios privados. Además, una mujer recibió la información a través del teléfono de atención al ciudadano, tres por medio de amigos o familiares y 14 a través de internet.

En cuanto a los motivos de la interrupción, el informe señala que 148 abortos se realizaron a petición de la mujer, mientras que dos respondieron a un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y uno a la existencia de anomalías graves en el feto.

Por nacionalidad, los datos indican que 132 de las mujeres que recurrieron a la IVE eran de nacionalidad española, 16 procedían de países del Norte de África y tres del continente americano.