El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado como investigados el lunes 26 de mayo a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, considerados los autores de los protocolos que bloquearon el traslado al hospital de ancianos desde residencias al inicio de la pandemia.
Carlos Mur era director de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 y fue el firmante de un protocolo que bloqueó el traslado al hospital de miles de residentes enfermos por el simple hecho de ir en silla de ruedas o tener deterioro cognitivo.
Francisco Javier Martínez Peromingo fue el coordinador del 'protocolo técnico', que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse y que sustituyó a Mur como director de Coordinación Sociosanitaria en mayo de 2020.
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades 'Marea de Residencias' y '7291: Verdad y Justicia', presentada en octubre del año pasado.
La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Los denunciantes esperan la verdad
'Marea de Residencias' y '7291: Verdad y Justicia' celebran que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos.
Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad.
En todo caso, ambas entidades se muestran convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo, que "cumplían órdenes".
Aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad pero se les pide que cuenten la verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron "un impacto brutal en la vida de muchos residentes".
El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva entre la Fiscalía Provincial de Madrid (a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes) y las Fiscalías de Área de Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13).
En la denuncia colectiva se identificó a Carlos Mur, firmante del protocolo de no derivación, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, autor del protocolo técnico, que complementaba al anterior.
El Ministerio Fiscal solicitó expresamente la instrucción y enjuiciamiento conjunto del delito de discriminación denunciado en 2024 y el homicidio imprudente y de prevaricación instruido en virtud de la querella inicial.
