La Administración pidió el traslado de la denuncia presentada contra esta listas de empleo a los juzgados de Madrid.
La ‘Plataforma de afectados por las irregularidades de la bolsa del Ingesa’ “gana la primera batalla” a la Administración. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Melilla acepta la denuncia presentada por este colectivo a pesar de que el Ingesa había solicitado trasladar este tema a los juzgados de Madrid. Los componentes de la plataforma están “contentos” porque trasladar la denuncia a los juzgados de Madrid implicaba un coste más elevado y también más años de espera hasta que se resuelva este conflicto.
Hay más de 40 personas en esta plataforma que rechazan la puntuación que marcan las bases de la bolsa de trabajo. Los sindicatos de Sanidad y el Ingesa llegaron al acuerdo de dar 25 puntos, más de 10% del total que se pueden conseguir, a las personas que se presentaron a la última oposición. Para los componentes de la plataforma este criterio es “discriminatorio” y por ello, presentaron varias reclamaciones al Ingesa antes de que comenzara la baremación oficial de los candidatos a las bolsas de trabajo. Sin embargo, la Gerencia las rechazó y por ello, el colectivo tomó la decisión de llevar a los tribunales al menos una denuncia para intentar paralizar la bolsa de trabajo que consideran “injusta”. Ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Melilla ha aceptado esta demanda y ha abierto un plazo de diez días, para que todas las personas afectadas por el proceso de la bolsa de trabajo presenten sus alegaciones, tanto a favor como en contra.
Barreras a la denuncia
¿Por qué el Ingesa pide que se traslade la denuncia a los juzgados de Madrid? Un portavoz de la plataforma explica a El Faro que la Administración siempre solicita esta medida. Bajo su punto de vista, se trata de poner barreras y trabas a los denunciantes. Afirma que no es lo mismo pagar entre 300 y 1.000 euros por interponer una denuncia en Melilla que hacerlo en Madrid, ya que eso implicaría no sólo pagar las tasas judiciales, sino contratar un abogado en la capital y los traslados del denunciante a esa ciudad. Calculan que el mínimo que se invertiría en este proceso sería de unos 1.500 euros. Por ello, la Administración solicita que el proceso judicial se haga en Madrid, con la esperanza de que las barreras económicas eviten esta denuncia. Por todo esto, el colectivo está muy satisfecho con que el juzgado de lo contencioso administrativo de Melilla haya aceptado su caso.
Cuando la plataforma decidió presentar una denuncia, llegó al acuerdo de que sólo lo haría una persona para evitar que los costes económicos fueran muy altos para todos. Pero aunque sólo aparezca un nombre en la denuncia, detrás hay un colectivo de más de 40 personas de todas las categorías profesionales, enfermeros, auxiliares, administrativos o fisioterapeutas, que esperan que el juzgado paralice la convocatoria de la bolsa de trabajo.
Será 20 de mayo como muy tarde cuando la Justicia determine si toma o no las medidas cautelares que pide la plataforma, esto es, que la bolsa de trabajo no se lleve a efecto hasta la resolución final del juicio.
Melilla, a veces competente y otras veces no
El portavoz de la Plataforma asegura que el Ingesa de Melilla se contradice a la hora de determinar si es competente para convocar una bolsa de trabajo. La Gerencia aseguró a los que reclamaron las bases de la bolsa que era competente para negociar con los sindicatos y también para aceptar o rechazar los argumentos de estas personas contrarias al baremo de las listas de empleo. Sin embargo, en el mismo escrito en el que el Ingesa rechazaba su demanda contra las bases de la bolsa de trabajo, la Gerencia indicaba que tenían derecho a elevar estas denuncias a la justicia, pero en los juzgado de Madrid.
