UGT firma una prórroga de dos años del convenio de la planta incineradora con el objetivo de dar garantía laboral y jurídica a los trabajadores.
Hace unos días el delegado de personal en la empresa, junto a UGT, firmó una prórroga de dos años del actual convenio colectivo del personal de Remesa a fin de que los trabajadores puedan recibir sus retribuciones actualizadas a 2023 y los atrasos correspondientes a los años 2021 y 2022.
Esto hace una subida para los tres años del 6,9%. Un incremento que es el mismo que se aplica a los empleados públicos y que se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado.
Desde UGT afirman que con esta firma "quiere manifestar su apoyo a estos trabajadores dándoles garantía laboral y jurídica además del mantenimiento de sus condiciones de trabajo pactadas y asimiladas a los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla".
Ante las noticias aparecidas sobre el posible cierre de la planta incineradora, la posibilidad de que los residuos sean tratados por gestión privada y la posible disolución de la sociedad pública Remesa desde el sindicato quieren expresar su "rotunda oposición a la privatización de este servicio" que viene realizándose por una sociedad pública "durante tantos años con buenos resultados".
UGT también señala que "cualquier cambio en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos debe basarse en informes y estudios técnicos" y que la propia empresa pública debería "liderar por ser medio propio de la Ciudad, así como, por los propios técnicos Consejería de Medioambiente".
Aumento del uso de combustibles fósiles
Desde la organización sindical quieren hacer hincapié en que "la planta, con los residuos, genera casi un 10% de la energía eléctrica que se consume en Melilla, por lo que su cierre hará que se aumente el uso de combustibles fósiles por parte de Endesa".
Además, añaden que "la meriólisis o termólisis son sistemas que se quieren imponer para el tratamiento de residuos urbanos en Melilla y que ya fueron rechazados hace unos años en Ceuta".
Por otra parte, recuerdan que para estos procesos no existen instalaciones en Europa y que no están refrendados por ninguno de los grandes grupos empresariales de gestión de residuos.
