Categorías: Tribunales y Justicia

“Tres tribunales dicen que no hay ilícito administrativo en el ‘caso Arquitecto”

Marín se alegra de la revocación del auto contra el ex jefe de relaciones laborales de la Ciudad Autónoma.

El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín, mostró ayer su satisfacción por el auto de revocación de la causa contra el ex jefe de relaciones laborales de la Ciudad Autónoma, Enrique Mingorance, en el ‘caso Arquitecto’. Marín subrayó que “hasta tres órganos judiciales han dicho ya que no hay ilícito administrativo” en esta causa. En concreto, se refería a que hay una sentencia del juzgado de los Social de Melilla, una  la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otra de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, sobre la que El Faro informó en su edición de ayer.  
 El ‘caso Arquitecto’ es una causa judicial en la que se investiga la presunta contratación irregular de Iván Reyes en el 2006 para ocupar una plaza como arquitecto  cuando Marín era consejero de Administraciones Públicas.

Satisfacción
El presidente del Puerto aseguró que se alegra de que se admita el recurso de apelación de Mingorance por dos motivos. En primer lugar, subrayó que este funcionario es “un magnífico empleado público y un extraordinario profesional”. De esta forma, resaltó que “era injusta la situación procesal” en la que se encontraba este trabajador de la Ciudad.
En un segundo punto, aseveró que es una buena noticia “para la propia justicia”. Resaltó que en este caso se ve la “lentitud” de los juzgados. Marín indicó que el Gobierno central debe hacer “especial hincapié” en reforzar los recursos de los jueces para que puedan realizar su labor con rapidez.
Argumentó que cuando “la justicia profundiza en algunos casos, se saca la realidad y la verdad” y añadió que en este tema es que no hay “ilícito administrativo”.
Asimismo, Marín apuntó que si esta resolución del recurso de Mingorance hubiera salido antes, no tendría que ir a juicio oral por el ‘caso Arquitecto’.
“He tenido la mala suerte de que este auto ha sido posterior a mi recurso, si llega a publicarse antes, mi causa también debería ser sobreseida”, subrayó el presidente de la Autoridad Portuaria, que se pregunta qué clase de juicio se va a celebrar cuando ya hay tres órganos judiciales que dicen que no hay ilegalidad en el proceso.
“Hasta el día de hoy se me había acusado de forma insistente en que había cometido un delito de prevaricación y yo siempre he dicho que no es así porque ni he cometido un ilícito administrativo ni tenía intención de hacerlo”, aseveró. “Me alegro por mí porque he recibido ataques furibundos injustificados”, añadió.

Los hechos
Marín recordó que las acusaciones de los partidos de la oposición y de la parte demandante eran “declaraciones sobre hechos tergiversados y que sólo aludían a interés políticos espurios”.
Para el presidente de la Autoridad Portuaria, el auto de Audiencia Provincial de Málaga explica de forma detallada cómo se hizo este proceso.
En este sentido, explicó que en primer lugar se lleva a cabo la contratación de un arquitecto siguiendo la legislación y la normativa de la bolsa de trabajo. Se hizo un proceso de selección con un tribunal independiente que estaba formado por empleados públicos.
Otro de los datos del auto que resaltó Marín es que se crea una bolsa de trabajo antes de que se asignara el puesto de arquitecto. “Cuando se va a contratar a este profesional, se sigue el mismo proceso que se ha utilizado con miles de empleados de la Ciudad”, aseveró el presidente de la Autoridad Portuaria indicando que también se describe que son “legales”.
Marín recordó que en las sentencias del juzgado de la sala de lo Social de Melilla y del Tribunal Superior de Andalucía se recoge que el primer contrato con el arquitecto, la recisión de mutuo acuerdo de ese acuerdo y la formalización del nuevo contrato con otro profesional son “legales”. Es más, indicó que ahora también recoge estas mismas palabras la Audiencia Provincial de Málaga.
“La justicia una vez más aclara estos hechos y recoge que los procesos son legales”, concluyó.

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