El apagón eléctrico que afecta este lunes a toda la península ha obligado a suspender la reunión prevista esta tarde entre el Ministerio de Juventud e Infancia y las Comunidades y Ciudades Autónomas para debatir y aprobar los términos en los que se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados.
La reunión iba a comenzar a las 16:00 horas en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, si bien la situación generada por el apagón ha motivado su suspensión, informan a Efe fuentes de Juventud e Infancia.
El apagón ha pillado a algunos de los asistentes a punto de salir hacia la capital, como es el caso de la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, quien, ya montada en el AVE que la iba a llevar a Madrid, ha recibido la noticia de lo que ocurría y no ha llegado a salir de su ciudad.
En esta reunión, el Gobierno buscaba llegar a un acuerdo con las Comunidades y Ciudades Autónomas sobre la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias y Ceuta hacia otras regiones tras la publicación del Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo, que modifica la Ley de Extranjería y fue convalidado por el Congreso el pasado 10 de abril.
La oposición del PP
En las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, ya han manifestado su oposición al reparto planteado por el Ejecutivo central tras su acuerdo con Junts. Así lo hicieron desde la Comunidad de Madrid -que considera la convocatoria “ilegal”-, Aragón -desde donde ni tan siquiera se ha informado al Ministerio de los menores inmigrantes que tiene bajo su tutela- o la Región de Murcia, que mostró su rechazo a la propuesta de contingencia migratoria “por hacerse de espaldas a las comunidades autónomas”.
En Melilla, la Ciudad Autónoma calificó como un “despropósito descomunal” la postura del Gobierno central en la modificación de la Ley de Extranjería para la redistribución de menores migrantes. El vicepresidente primero del Ejecutivo melillense, Miguel Marín, manifestó su rechazo a la medida y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de falta de planificación y equidad en la distribución de los menores no acompañados entre las distintas autonomías.
Además, lamentó que no se han proporcionado los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para hacer frente a la situación. También criticó que el reparto de los menores se ha hecho de forma arbitraria, favoreciendo a ciertos territorios y dejando en una situación de mayor vulnerabilidad a otros, como Melilla.
En su momento, el vicepresidente melillense señaló directamente a Cataluña y el País Vasco como comunidades que han sido privilegiadas en la redistribución de los menores y sugirió que esto se debe a su peso político dentro del actual Gobierno de coalición. “Es un reparto sin sentido y sin hoja de ruta. Estos señores del Gobierno actúan por impulsos”, criticó.
La Ciudad insiste en que el reparto de los menores extranjeros no acompañados debe hacerse con criterios de equidad, de manera que todas las comunidades autónomas asuman la responsabilidad de la acogida de estos jóvenes. En este sentido, Marín subrayó que, sin un marco de solidaridad compartida, la presión migratoria seguirá recayendo de manera desproporcionada sobre lugares como Melilla, Ceuta y Canarias, que son las principales puertas de entrada de la inmigración irregular.
El acuerdo entre el Ejecutivo central y Junts ha generado malestar en otras regiones y ha abierto un debate sobre las condiciones y los recursos que el Estado debe proporcionar a las autonomías para garantizar una acogida adecuada de estos menores. En este sentido, el Gobierno central ha defendido su política, argumentando que se trata de una medida necesaria para garantizar el bienestar de los menores y evitar la saturación de los centros de acogida en determinados territorios.
