El Juzgado de lo Social de Melilla ha decidido paralizar el proceso l Los sindicatos aplauden la decisión y consideran que la plantilla “va por el buen camino”. Después de una semana de incertidumbre se cumplió lo previsto: El Juzgado de lo Social de Melilla ha decidido suspender temporalmente el traslado de las limpiadoras que se ocupaban de la limpieza de los barcos de Acciona Trasmediterránea en la ciudad autónoma. La decisión llega ocho días después de que la Justicia se pronunciara exactamente igual en el caso de las limpiadoras de Málaga. Comisiones Obreras (CCOO) tenía la esperanza de que dicha decisión marcara el camino a seguir para la plantilla de Melilla y así ha ocurrido finalmente, según comunicaron ayer a El Faro fuentes de dicha formación sindical.
CCOO firmó hace una semana la denuncia contra Acciona FS por la oferta de traslado de las 19 limpiadoras de la ciudad autónoma a Majadas del Tiétar, en Cáceres. El sindicato considera que esta decisión de la empresa era “un despido encubierto” y exigieron a Acciona FS que diera marcha atrás, demanda que aún mantienen en pie.
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, José Luis Tormo, anunció ayer por la mañana a El Faro la decisión tomada por el Juzgado de lo Social y se mostró satisfecho por el “buen rumbo” que está tomando el asunto.
“Siempre hemos sostenido que la decisión de Acciona FS era un despido encubierto en masa”, apuntó el dirigente sindical. “Las limpiadoras están muy contentas por cómo están yendo las cosas, pero debemos ser cautos”, subrayó. A partir de ahora, toca esperar, ya que la paralización de los traslados es temporal, mientras la Justicia estudia a fondo esta cuestión.
No obstante, las sensaciones en el sindicato son buenas. “El Juzgado de lo Social entiende que tenemos razón en nuestra denuncia y eso es una señal inmejorable de que vamos por el buen camino”, aseveró el dirigente de CCOO.
UGT, a por la nulidad
También la Unión General de Trabajadores (UGT) de la ciudad celebró esta decisión judicial. Los ugetistas recordaron en nota de prensa que el próximo 26 de este mes el Juzgado de lo Social estudiará las demandas que han presentado y en las que exigen la nulidad de los traslados. “Trataremos de demostrar que la empresa ha montado una farsa con el claro objetivo de despedir a las trabajadoras con el menor coste posible”, afirmaron. “Es muy difícil imaginar que pudieran aceptar el traslado con las condiciones de salario y trabajo que les ofrecieron”.
Sentando bases
Así pues, el camino abierto por la CGT en Málaga ha llegado hasta la ciudad autónoma. Hay que recordar que la decisión de Acciona Trasmediterránea de suprimir el servicio de limpieza prestado por Acciona FS afectaba a todas sus líneas marítimas. La primera ciudad donde tuvo efecto esta medida fue en Málaga, pero rápidamente se aplicó en el resto de localidades donde la naviera opera, incluida Melilla.
En la ciudad andaluza, la CGT presentó medidas cautelares contra esta decisión al considerar que la oferta de traslado era un despido encubierto. El martes de la semana pasada, el Juzgado Social de Málaga decidió paralizar el proceso al considerar que Acciona FS no justificó desde el punto de vista económico el traslado de la plantilla de limpieza de los buques.
La noticia corrió como la pólvora hasta llegar a Melilla, donde fue recibida con los brazos abiertos por CCOO, que vio renovadas sus esperanzas de que las limpiadoras de la ciudad autónoma no fueran trasladadas.
La decisión del Juzgado de lo Social de Melilla también congela este proceso, lo cual no quiere decir que los sindicatos vayan a ganar finalmente la partida. Queda esperar a que la Justicia estudie este asunto en profundidad.
Oferta para Cáceres
En el caso concreto de las 19 empleadas de Melilla, Acciona FS les comunicó en un escrito que, “en aras de la estabilidad de la compañía”, les ofrecían la oportunidad de desplazarse a Majadas del Tiétar, en Cáceres, para continuar trabajando.
La plantilla al completo rechazó esta propuesta. Varias de las afectadas señalaron a El Faro en aquel momento que les era imposible comenzar una nueva vida con su salario, unos 460 euros al mes. En la ciudad autónoma, CCOO exigió la readmisión de las empleadas y consideró que la movilidad geográfica era “inasumible”, así como que enmascaraba un despido colectivo.
