La Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla ha emitido un informe en el que concluye que Somos Melilla debe a Vox un total de 33.827,75 euros, correspondientes a la parte proporcional de las subvenciones públicas asignadas al Grupo Mixto de la Asamblea. El documento surge tras una petición del diputado de Vox José Miguel Tasende, quien denunció que no había tenido acceso a los fondos del grupo desde su incorporación a este órgano parlamentario, a principios de 2024.
El Grupo Mixto de la Asamblea de Melilla se constituyó oficialmente en 2023 con un único miembro, Amín Azmani, diputado de Somos Melilla. Esta situación se mantuvo durante varios meses sin mayores incidencias, dado que la normativa vigente permite que un solo parlamentario conforme el Grupo Mixto en caso de no contar con representación suficiente para formar grupo propio. De esta manera, Azmani gestionaba en solitario las asignaciones económicas mensuales que la Ciudad Autónoma destina a los grupos parlamentarios para sufragar sus gastos de funcionamiento.
La situación cambió en 2024, cuando el diputado Javier Da Costa, elegido en las listas de Vox, decidió abandonar el partido, aunque conservando su escaño en la Asamblea. Esta decisión tuvo consecuencias directas en la estructura parlamentaria de Vox, que pasó de tener dos diputados a uno, situación que, conforme al reglamento, le impedía mantener grupo propio. De este modo, José Miguel Tasende, único representante ya de Vox, tuvo que incorporarse al Grupo Mixto, el cual dejó de estar conformado únicamente por Somos Melilla y pasó a contar con dos miembros de distintas formaciones políticas.
Desde el momento de su integración en el Grupo Mixto, Tasende solicitó participar en la gestión de los fondos asignados por la Ciudad Autónoma al grupo, entendiendo que tenía derecho a percibir la parte proporcional correspondiente a su formación política. Sin embargo, denunció públicamente que no se le estaba permitiendo el acceso ni la gestión compartida de los recursos económicos, lo cual motivó que trasladara la situación a la Intervención General para su análisis.
A partir de esta denuncia, la Intervención elaboró un informe técnico en el que examina la asignación de fondos públicos al Grupo Mixto durante el periodo en el que estuvo compuesto por ambos diputados. En su análisis, el interventor sostiene que, desde el momento en que Vox pasa a formar parte del Grupo Mixto con un representante, tiene derecho a disponer del 50% de los recursos públicos que se conceden al grupo, salvo acuerdo expreso que estipule otro reparto o exista una justificación documentada del uso común del total del dinero recibido.
El informe especifica que durante los meses de convivencia en el Grupo Mixto, toda la gestión de las asignaciones económicas fue realizada por Somos Melilla, a través de una cuenta bancaria designada por su portavoz, Amín Azmani. No consta, según el análisis del interventor, que se haya compartido la gestión de los fondos ni que se haya transferido parte de ellos a Vox o al diputado Tasende, ni tampoco que se haya acreditado que los gastos efectuados beneficiaran a ambos miembros del grupo.
De acuerdo con los cálculos de la Intervención General, si se aplica una distribución equitativa del 50% a las cantidades asignadas al Grupo Mixto durante el periodo de convivencia entre Somos Melilla y Vox, la cantidad que correspondería a Vox asciende a 33.827,75 euros. Esa es la cifra que el informe establece como referencia para el posible reintegro, salvo que se pueda justificar que el total del dinero recibido fue destinado a gastos comunes que beneficiaron de forma directa a los dos representantes parlamentarios.
La Intervención señala que las asignaciones económicas que reciben los grupos parlamentarios tienen como finalidad sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento, como material de oficina, medios técnicos, servicios de asesoría o desplazamientos. También se recuerda que la gestión de estos fondos está sujeta a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de formaciones que integran el Grupo Mixto y comparten representación.
En este sentido, el documento aclara que el hecho de que una sola formación haya gestionado el dinero no la exime de su responsabilidad de compartir los recursos o justificar adecuadamente el uso conjunto de los mismos. Si no puede acreditarse que el dinero fue destinado al funcionamiento del grupo en su conjunto, y no a fines exclusivos de una de las partes, entonces procede que se compense económicamente al otro miembro con la parte que le corresponde.
La situación ha evidenciado una laguna en la operativa del Grupo Mixto, especialmente cuando cambia su composición durante la legislatura. El caso de Melilla no es habitual, pero sí pone de manifiesto la importancia de establecer mecanismos de reparto y cogestión claros cuando más de una formación convive en este tipo de estructura parlamentaria. El informe no menciona responsabilidades políticas o sanciones, pero sí establece con claridad que existe una situación irregular que debe corregirse.
Tampoco se recoge en el documento ninguna disposición que obligue directamente al reintegro inmediato, ya que su función es la de asesorar técnicamente y dejar constancia del reparto presupuestario adecuado conforme a la legalidad. No obstante, la conclusión del informe sirve de base para que la Asamblea de Melilla o las propias formaciones implicadas tomen las medidas necesarias para resolver la controversia, ya sea mediante compensación económica, acuerdo interno o apertura de un procedimiento formal.
El caso ha tenido una notable repercusión institucional debido a que afecta directamente al uso de recursos públicos asignados con cargo a los presupuestos de la Ciudad Autónoma. En este contexto, el informe del interventor actúa como un elemento clave para esclarecer responsabilidades y sentar precedente sobre cómo deben gestionarse los fondos del Grupo Mixto cuando su composición se ve alterada por cambios políticos.
La cuantía concreta de 33.827,75 euros señalada por el informe representa la mitad del total recibido por el Grupo Mixto desde el momento en que José Miguel Tasende se incorporó en representación de Vox. A falta de justificación documental del uso compartido de los fondos, el documento considera que es esa la cantidad que debería haberse destinado a sufragar la parte correspondiente a la actividad de Vox como miembro legítimo del grupo parlamentario.
Con lo que denuncia Azmani SEGURO tendrá una respuesta conveniente para el cálculo matemático.
Un despiste ,o una mala interpretación matemática.
A saber el argumento