Sindicatos aseguran que el recorte de la UIP en Melilla se produce por cuestiones económicas

El Ministerio del Interior ha reducido de forma drástica la presencia de antidisturbios en Melilla por una razón que los sindicatos policiales tienen clara: no hay dinero para mantener el despliegue habitual. Esta decisión, que también afecta a Ceuta, ha supuesto el recorte de más del 70% de los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que hasta ahora reforzaban la seguridad de la frontera sur.

A partir de esta semana, ya no se enviarán a Melilla los habituales 50 agentes cada quince días, sino un subgrupo reducido de unos 15 efectivos, según ha publicado la prensa nacional citando fuentes policiales. El motivo no está en una mejora operativa ni en una menor necesidad de efectivos. Según fuentes policiales, el recorte se debe a limitaciones presupuestarias, a la falta de fondos para costear desplazamientos, alojamiento y dietas de los agentes que venían a reforzar la plantilla local.

Los sindicatos llevan meses advirtiendo de que Interior está retrasando los pagos de dietas a los antidisturbios que prestan servicio en Melilla y Ceuta. Los agentes desplazados reciben 77 euros diarios para cubrir alojamiento y manutención, una cifra que consideran insuficiente desde hace años. A esto se suma que el retraso en los pagos ha generado malestar y tensión interna, lo que ha llevado al Ministerio a reducir los desplazamientos para abaratar costes.

Según ha adelantado también El Faro de Melilla, la decisión no ha sido comunicada públicamente ni explicada con claridad a las organizaciones sindicales. No hay una fecha definida para volver al despliegue anterior, ni un plan alternativo que garantice que la seguridad en la frontera se mantenga con los recursos adecuados. “El problema es económico. Interior no quiere seguir gastando en algo que considera prescindible, pero aquí no sobra nadie”, explican fuentes sindicales.

Desde la Unión Federal de Policía se ha denunciado que la seguridad está padeciendo un embargo por falta de financiación y que lo que se presenta como una reestructuración operativa no es más que una medida de ahorro mal disimulada.

La medida se produce en un contexto en el que los intentos de salto a la valla y la presión en la frontera se mantienen constantes. Un documento interno del propio Ministerio reconoce la existencia de asaltos continuados desde Marruecos a las vallas de Ceuta y Melilla, lo que exige un despliegue reforzado y permanente de agentes especializados.

A pesar de ello, Interior ha optado por recortar la presencia de una unidad clave como la UIP, que en Melilla apoya a Policía Nacional y Guardia Civil en situaciones de emergencia, control fronterizo y orden público. La falta de efectivos antidisturbios limita la capacidad de reacción rápida ante cualquier incidente, y deja a las plantillas locales con mayor presión y menos respaldo.

“La UIP no solo está para controlar saltos masivos. También apoya en operaciones contra el narcotráfico, inteligencia y seguridad ciudadana. Su recorte nos deja vendidos”, lamentan fuentes del cuerpo.

Este nuevo recorte se suma a una serie de decisiones del Ministerio del Interior que han puesto en duda su compromiso con la seguridad en Melilla. En los últimos años, los sindicatos han denunciado falta de recursos humanos y materiales, condiciones precarias para los agentes, y ahora, directamente, una retirada progresiva de efectivos clave por motivos presupuestarios.

La sensación entre muchos agentes es de abandono institucional. “Parece que ahorrar unos miles de euros pesa más que proteger adecuadamente una frontera tan delicada como la de Melilla”, afirman. Y advierten que “reducir a mínimos los refuerzos en una ciudad con esta presión migratoria, sin más explicación que una reorganización técnica, es jugar con fuego”.

Interior no ha dado cifras oficiales sobre el ahorro que supone esta medida, ni ha detallado si se están aplicando recortes similares en otras regiones. Lo que sí es evidente es que el coste económico de mantener una rotación quincenal de 50 antidisturbios, con transporte, alojamiento y dietas incluidas, ha dejado de ser una prioridad.

Fuentes policiales estiman que el recorte actual puede suponer un ahorro mensual de decenas de miles de euros, pero a costa de reducir la capacidad operativa en una de las zonas más sensibles del país. “No se puede gestionar la seguridad de la frontera sur con una calculadora. Hace falta compromiso político, recursos y planificación. Lo que estamos viendo es una dejación de funciones disfrazada de ajuste”, subrayan desde la UFP.

Además del recorte, preocupa que no se haya anunciado ninguna medida compensatoria. No hay indicios de que se vaya a reforzar la plantilla local, ni de que se vayan a enviar otras unidades en sustitución de los antidisturbios. Tampoco se ha planteado un aumento de medios materiales o de coordinación con la Guardia Civil.

“El problema no es solo que vengan menos agentes. El problema es que no hay un plan para cubrir el vacío que dejan. La ciudad queda más expuesta y los agentes que quedan tienen más carga de trabajo y más riesgos”, apuntan desde fuentes policiales.

Por el momento, ni el Ministerio del Interior ni la Delegación del Gobierno han ofrecido explicaciones públicas sobre este recorte. Tampoco han confirmado si la reducción es temporal o si se mantendrá indefinidamente. En Melilla, el ambiente entre las plantillas policiales es de inquietud. “No es solo cuestión de número. Es la sensación de que nos están quitando medios porque no quieren gastar más en nosotros, como si Melilla fuera una prioridad de segunda categoría”, concluyen.

Los sindicatos policiales han intensificado en los últimos días su presión pública para reclamar no solo la recuperación de los efectivos recortados, sino una revisión urgente de las condiciones laborales de los agentes de la UIP.

Denuncian que las dietas no se actualizan desde hace más de dos décadas y que los complementos salariales no compensan la dureza del destino. Muchos agentes están rechazando incorporarse a la UIP o abandonando la unidad para solicitar traslados a otras especialidades o comisarías donde la carga de trabajo es más equilibrada y las condiciones más estables. Según explican portavoces sindicales, la UIP está dejando de ser un destino atractivo y empieza a ser visto como una unidad de paso, con un nivel creciente de rotación que afecta directamente a su capacidad operativa.

También alertan de que los alojamientos concertados por Interior no son adecuados en muchos casos y obligan a los agentes a completar de su propio bolsillo el coste del hospedaje y la manutención. Hay casos documentados en los que los agentes reciben cantidades que no alcanzan para cubrir una jornada normal fuera de su lugar de residencia, lo que supone una penalización económica por ejercer su labor en destinos de refuerzo como la ciudad autónoma.

En el caso concreto de Melilla, fuentes sindicales señalan que, en la última convocatoria para reforzar la UIP en la ciudad, se ofrecieron veinte plazas y solo se cubrieron cuatro, todas ellas por agentes locales que ya residían en la ciudad. Nadie quiso venir desde la península porque, según denuncian, no se garantizaban los pagos ni se cubrían los gastos reales del desplazamiento. A eso se suma que los anticipos que se solicitaban para poder afrontar el coste inicial del traslado tardaban hasta seis meses en ser abonados, lo que ha disuadido incluso a quienes sí estaban dispuestos a asumir el servicio temporal en la ciudad.