Este lunes con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 23 de julio, también ha abierto el plazo para solicitar el voto por correo. No ha habido, a lo largo de la jornada, vigilancia policial a las puertas de la oficina de Correos del Industrial y no está previsto que la pongan.
Damos por hecho que las autoridades policiales entienden que en estos momentos no hay nada en riesgo, al menos por ahora, y que los melillenses y quienes les indujeron a cometer un delito han aprendido la lección o están tan vigilados que no se atreverán a mover ni las pestañas.
Tampoco está previsto que quien vote a distancia tenga la obligación de presentar el DNI para entregar el voto en Correos, lo que abre la puerta a que, tal y como contempla la ley, cualquiera pueda aparecer a una oficina de la empresa pública de envíos con una saca de votos, sin vulnerar ni una coma de la legislación vigente.
Contrario a lo que se dijo el lunes respecto a la vigencia de ese decreto, el juez Miguel Ángel García Gutiérrez, presidente de la Junta Electoral de Zona, explicó a El Faro que el dictamen ratificado por la Junta Electoral Central, que obligó a presentar el DNI en todas las oficinas de Correos de España para enviar un voto con destino Melilla está ahí, pero no está en vigor. Eso sí, se podría activar si lo solicita un partido político.
Esto significa que nos enfrentamos a unas nuevas elecciones arriesgándonos a repetir el amago de pucherazo respecto al voto por correo que nos colocó en todas las televisiones y diarios nacionales.
La Ley Electoral no podrá ser derogada esta legislatura porque las Cortes fueron disueltas este martes y habrá que esperar a la formación de un nuevo Gobierno para poner en marcha una maquinaria obsoleta que hace aguas y que se lo pone fácil a quienes quieren ganar cueste lo que cueste, poniéndole precio a la voluntad popular.
Los melillenses no merecemos pasar por lo que hemos pasado. Queremos procesos electorales limpios en los que la gente pueda elegir libremente lo que considera mejor para Melilla. Sin dinero de por medio y sin promesas de ningún tipo.
Independientemente del cambio que pueda registrar la ley, la verdadera transformación tiene que darse en todos y cada uno de los 61.048 melillenses con derecho a voto. Lo que no está en venta, no se puede comprar. Para llegar ahí es imprescindible acabar con la pobreza estructural de esta ciudad. Si queremos avanzar hacia una democracia de calidad, hay que empezar por acabar con la pobreza.
