Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla han detenido a un hombre de nacionalidad marroquí, con residencia legal en España, como presunto autor de un delito de falsedad documental. Según ha informado este jueves la Policía Nacional, el implicado intentó empadronarse en la ciudad presentando un contrato de arrendamiento ficticio.
Las actuaciones comenzaron a mediados de agosto, cuando la unidad investigadora tuvo conocimiento de un posible fraude en la solicitud de empadronamiento de este ciudadano. Entre la documentación presentada ante la Oficina de Extranjería figuraba un contrato de alquiler con varios datos erróneos que hicieron sospechar de su autenticidad.
A raíz de esa comunicación, los agentes analizaron el documento y solicitaron información adicional para esclarecer los hechos. Las comprobaciones posteriores confirmaron los indicios de falsedad detectados en un primer momento.
Los investigadores determinaron que el implicado había utilizado los datos de identidad de un tercero sin su conocimiento. Esta persona, que figuraba como arrendador, ignoraba la existencia del contrato. Además, las pesquisas permitieron verificar que la vivienda que aparecía en el documento no le pertenecía.
Una vez acreditado que se trataba de un documento falso elaborado para justificar el alta en el padrón, los agentes localizaron y detuvieron al hombre.
El atestado policial se ha remitido al Tribunal de Instancia de Melilla, Sección Civil y de Instrucción, plaza número 4, donde se ha incoado el correspondiente procedimiento judicial.
No es la primera vez que la Ucrif de Melilla investiga el uso de contratos de alquiler ficticios. El pasado mes de agosto, esta misma unidad desarticuló, en el marco de la operación Octopus, una presunta organización dedicada a conseguir autorizaciones de residencia de forma fraudulenta mediante parejas de hecho simuladas. La operación se saldó con 54 detenidos y 252 personas investigadas.
En aquel caso, según la Policía Nacional, la red recurría presuntamente a certificados de empadronamiento falsificados u obtenidos de manera irregular, en ocasiones a partir de contratos de arrendamiento ficticios, para acreditar una convivencia inexistente entre los miembros de cada pareja.
El control del padrón también ha llegado al pleno de la Asamblea. En la sesión de control del pasado 22 de junio, la consejera de Presidencia, Marta Fernández de Castro, informó de que desde julio de 2023 se habían tramitado 4.591 expedientes de baja por inscripción indebida en Melilla, 846 de ellos en lo que iba de 2026.
La consejera respondía así a una pregunta del diputado de Vox José Miguel Tasende sobre las medidas para reforzar la verificación de los empadronamientos vinculados a viviendas. Fernández de Castro defendió entonces que "el empadronamiento no es un trámite automático" y explicó que, cuando existen dudas sobre la residencia efectiva de una persona, se solicita documentación adicional y se pide la intervención de la Policía Local.
