Hoy, hace siete años y medio, los jóvenes melillenses Emin y Pisly fueron asesinados a sangre fría por miembros de la Marina marroquí. La pandemia de coronavirus impedirá que los familiares de las víctimas puedan concentrarse, como es costumbre, para recordar a los fallecidos y pedir una justicia que no llega.
La tragedia que atraviesan estas familias por la pérdida de sus seres queridos se ha visto multiplicada por la falta de repuestas al crimen.
Después de tantos años, nadie ha pagado por los asesinatos y el silencio de las autoridades españolas ante la vil actitud de Marruecos es sonrojante.
Ni el Gobierno central, ya sea a cargo del PP o del PSOE, ni la justicia española han ningún paso efectivo para lograr algo tan básico en un estado de derecho como es que se haga justicia. Tampoco parece que la diplomacia nacional tenga en mente el tema en sus conversaciones con el país vecino, que una vez más hace lo que estima oportuno ante la pasividad de los representantes españoles. No es admisible que un país como España sea incapaz de lograr que se haga justicia en un caso tan clamoroso como este e imite al avestruz, escondiendo la cabeza frente a Marruecos.
Una vez más, nuestros intereses como país quedan supeditados a los deseos el país vecino que hace lo que le place y no cumple no con los mínimos estándares de colaboración.
Siete años de injusticia que deberían avergonzar a todos los responsables políticos que desde su ámbito no ha hecho lo que se espera de ellos: defender a sus ciudadanos.
