La Ciudad Autónoma ha sido condenada a pagar a los socorristas que no cobraron sus sueldos en el verano de 2021. Deberá abonarles, junto con la empresa, entre 1.200 y 8.000 euros a cada uno de ellos, según la sentencia hecha pública por el Juzgado de lo Social número 1 de Melilla el pasado 27 de marzo.
Es de justicia que quienes prestaron un servicio a la Administración, lo cobren. Lo que no es entendible es que esos abonos se hagan dos años después debido a la paralización de los pagos por parte de la Intervención municipal, tras la detección de supuestas irregularidades en el contrato. Sin embargo, finalmente la Ciudad pagó a la empresa lo que le adeudaba y lo hizo en vísperas de la celebración del juicio.
La Ciudad ha recurrido la sentencia que le condena porque seguramente entiende que no le corresponde pagar los sueldos, ya que como Administración, adjudicó el servicio a una empresa privada que fue la que no pudo hacer frente al abono de las nóminas. El nudo gordiano está en que la empresa no pagó porque no pudo cobrar lo comprometido por el Gobierno local. Así que tendrá que ser un juez quien decida qué responsabilidad tuvo la Administración en el conflicto de los socorristas.
No sabemos cómo acabará este tema judicial. La sentencia que condena a la Ciudad no es firme. Pero sí sería bueno reflexionar sobre la práctica extendida en nuestro país de incumplir los plazos establecidos en los contratos públicos.
Las empresas, especialmente en los tiempos que corren, no pueden ni deben financiar a las administraciones. No vale decir que faltan funcionarios, que hay mucho papeleo que contrastar o que no pasa nada por esperar si las adjudicatarias de contratos públicos tienen la certeza de que cobrarán. Esta forma de actuar solo beneficia a las grandes empresas y perjudica a las pequeñas, con menos colchón para sobrevivir a un impago.
Las administraciones tienen que cumplir los plazos de los contratos públicos porque estos están para ser cumplidos. Hay que pensar en que cualquier anomalía, cualquier retraso, cualquier percance repercute en el ciudadano. No sólo en el trabajador que no cobra sino también en el que no recibe el servicio, como ocurrió en septiembre de 2021, cuando las playas de Melilla se quedaron sin socorristas.
La pregunta por tanto es muy obvia: ¿Esto se pudo hacer mejor? ¿Por qué no se hizo?
