Reabierto el expediente de la operación Tosca tras la denuncia de una empresa

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla ha ordenado a la Ciudad Autónoma reabrir el procedimiento de revisión de oficio del expediente de la operación Tosca a raíz que la denuncia de una de las empresas que no ha podido cobrar los 433.780,27 euros que le correspondían por servicios que fueron contratados verbalmente.

De ello ha informado este lunes la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, quien ha recordado que “son muchas las empresas que se han visto afectadas por la forma de actuar del Gobierno de entonces”, que era del Partido Popular (PP).

“La operación Tosca fue una de las grandes vergüenzas de la ciudad”, ha explicado la consejera, quien ha recordado que en ella la Guardia Civil entró en numerosas dependencias de la Ciudad Autónoma reclamando documentación de los contratos firmados desde 2011. Se trata de una investigación, ha dicho, que pretende “dar luz a la gestión de más de 100 millones de euros de dinero público gestionado a través de llamadas telefónicas y a dedo por miembros del Gobierno del PP”.

Se trataba de contratos, según la sentencia, “sin expediente contractual alguno”, que basan su pretensión de cobro “en el enriquecimiento injusto que ha supuesto a la Administración beneficiarse de unos servicios sin contraprestación alguna” y que tienen “acreditada la irregular contratación de la Administración”, lo que crea “un dudoso atajo que permite sortear las garantías y controles de la contratación administrativa”.

En concreto, se trata de contrataciones de servicios de ordenanza, mantenimiento y auxiliar administrativo en diversos centros escolares donde ya existían empleados públicos que realizan ese cometido, según reza la sentencia.

El problema, según Almansouri, es que “nadie sabe quién encargó los servicios”, al menos por lo que se refiere a los funcionarios de la Administración, tal como se dice en la sentencia, ya que se informa al director general de que los servicios se prestaron, pero no hay constancia de cuáles fueron estos servicios ni de quién los contrató.

Así, la Consejería lleva desde noviembre, cuando recibió la sentencia, revisando un expediente que ya está preparado para ir al Consejo de Gobierno, aunque, vista la ausencia de documentos, no se podrán abonar las facturas, por lo que “evidentemente terminará en el juzgado”, ha apuntado la consejera.

Son todos ellos contratos, según la sentencia, “adjudicados por la Ciudad Autónoma sin haberse supuestamente respetado las normas de legislación de contratos públicos, en particular por los servicios prestados por la compañía que inicia todo este expediente”.

“Todos sabemos que la operación Tosca fue archivada no porque no se apreciara delito, sino por una cuestión de tiempos judiciales o de inactividad”, ha afirmado Almansouri, quien ha indicado que llevan semanas revisando el expediente, que ya está listo para ir al Consejo de Gobierno e iniciar de nuevo el procedimiento de revisión.

Según la consejera, “alguien tendrá que justificar quién hizo los encargos”, pero ha insistido en que, antes la falta de documentos, probablemente terminará de nuevo en el juzgado.

Una vez iniciado el expediente de revisión de oficio, habrá que trasladar la documentación al Consejo de Estado, ante quien habrá que explicar por qué no han sido atendidas las peticiones realizadas al respecto durante años anteriores sobre los documentos que lo conforman, que, “dado que no existen, no se pueden aportar”, ha dicho Almansouri. El próximo paso será remitir todo esto a la Fiscalía.

“Va a arder Troya”

“El PP está nervioso porque sabe que, si se reabre la operación Tosca, va a arder Troya”, ha asegurado la consejera, quien ha cifrado la cuantía total que se está investigando en “más de 100 millones de dinero público adjudicados a dedo, sin ningún tipo de informe de necesidad ni justificación, que se han usado para colocar a gente en instalaciones o servicios de la Administración pública en las que, según consta en los informes técnicos, no había necesidad de ese personal porque ya había funcionarios públicos desarrollando esas funciones”. “Por lo tanto, el asunto es grave”, ha añadido.

Almansouri ha exculpado a las empresas, que “se han visto perjudicadas por la forma de actuar del Gobierno” y que “lo que no se esperaban era que una Administración sea tan chapucera, o que un Gobierno tan presuntamente corrupto les iba a encargar servicios que no necesitaba para mantener la red clientela que habían tejido durante 20 años y luego no les iba a pagar”.

La consejera ha incidido en que la culpa no es de las empresas, sino de “aquéllos que acostumbraron a trabajar así”, tras lo que ha citado el dinero de la cuenta 413 –no incluidos en los más de 100 de la operación Tosca-, para los cuales “utilizaban el pleno de la Asamblea” con el propósito de “blanquear la mala gestión de dinero público”. Frente a ello, ha opuesto la forma de actuar del Gobierno de coalición, que sí ha seguido, ha indicado, los cauces legales: Consejo de Estado, revisión de oficio y reclamación contractual.

Siguientes pasos

Así, Almansouri prevé que el martes o miércoles la incoación del expediente pase por el Consejo de Gobierno, donde espera que el PSOE vote favorablemente, dado que el asunto ya ha sido tratado entre ambos partidos.

Después habrá que remitir el expediente al Consejo de Estado, que puede decidir también actuar de oficio y remitirlo a la Fiscalía directamente en vez de a la Ciudad Autónoma para que esta, a su vez, lo haga llegar a la Fiscalía. Así es como se ha procedido en alguna ocasión anterior, como la referida a Mujeres Vecinales.

El problema, ha concluido Almansouri, es que la mayoría de las cuestiones no se pueden atender, porque no existen expedientes, por lo que tendrá que ser el Consejo de Estado el que diga cuál es el siguiente paso o bien encargarse ese órgano de remitir toda la documentación directamente a la Fiscalía.